En 2016, los nuevos propietarios de un edificio estilo español de cuatro departamentos en Fairfax, un barrio de Los Ángeles, expulsaron a sus inquilinos. Algunos de los habitantes habían vivido allí desde hacía tres décadas y pagaban entre 1,600 y 2,600 dólares al mes (entre 29,000 y 47,000 pesos).
Unas semanas más tarde, los mismos departamentos aparecieron en Airbnb. Los caseros cobraban alrededor de 500 dólares por noche (unos 9,000 pesos).
Casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos están lidiando con el auge de las rentas a corto plazo. La mayoría ha implementado o tomado en consideración implementar regulaciones a los servicios como Airbnb.
Los detractores de sitios como Airbnb han argumentado desde hace mucho que esta clase de servicios elimina viviendas asequibles del mercado al transformar departamentos alquilables en hoteles no oficiales. La caída en la oferta puede traducirse en rentas más elevadas en los departamentos que quedan. El sector hotelero también está molesto por la pérdida de ingresos.
No obstante, Airbnb afirma que su sitio ofrece principalmente "un salvavidas económico" para que los residentes paguen sus cuentas, su renta o su hipoteca.
A finales de junio, el gobierno de Los Ángeles empezó a tomar medidas contra los departamentos de renta controlada que se han transformado ilegalmente en alquileres de corto plazo. El Ayuntamiento presentó una denuncia penal contra los propietarios del edificio de Fairfax y denuncias civiles contra otros tres propietarios de edificios. Cinco de los inquilinos expulsados presentaron una demanda contra el propietario y Airbnb en diciembre de 2015.
El Ayuntamiento también propuso un bando de gobierno en el que se establece que los anfitriones pueden alquilar sus casas hasta por 120 días al año, siempre y cuando vivan allí al menos seis meses al año y sigan una serie de reglas.
Los gobiernos del estado de Nueva York y de la ciudad de San Francisco también están a punto de tomar medidas contra los sitios de alquileres a corto plazo e implementarán multas cuantiosas.
Según una propuesta de ley del estado de Nueva York que está pendiente de aprobación, sería ilegal que muchas personas anunciaran sus departamentos en sitios como Airbnb. En ese estado ya es ilegal que se renten la mayoría de los departamentos por menos de 30 días, pero con esta ley, el castigo sería considerable. Las personas que violen la disposición podrían hacerse acreedoras a multas de hasta 7,500 dólares (unos 135,000 pesos). Airbnb señaló que hay más de 40,000 anfitriones que podrían hacerse acreedoras a estas multas.
"Esta es una mala propuesta que dificultaría aún más el pago de las cuentas para muchos neoyorquinos", señaló Josh Meltzer, director de políticas públicas de Airbnb en Nueva York, en un comunicado.
En San Francisco, sede de Airbnb, hay un nuevo reglamento que entrará en vigor el 27 de julio y en el que se exige que todos los anfitriones se registren ante el Ayuntamiento. En vez de multar a los anfitriones, en la ley de San Francisco se contempla multar a las empresas de alquileres hasta con mil dólares al día (unos 18,000 pesos) por cada anuncio, con lo que la carga se traslada a las empresas para garantizar que cada anuncio sea legal.
Sin embargo, el proceso de registro cuesta 50 dólares (unos 900 pesos) y es bastante anacrónico, lo que desanima a algunos anfitriones. No puede hacerse en línea y es necesario presentar todos los documentos en persona.
El gobierno de Chicago promulgó un bando de gobierno el miércoles 22 de junio en el que se contempla un recargo del 4% a las rentas a corto plazo y se exige a los anfitriones que registren sus inmuebles. También se permite que algunos barrios residenciales presenten peticiones para prohibir la promoción no deseada de ciertas propiedades.
En otras ciudades como Seattle y Nueva Orleans aún se están analizando las opciones legislativas, tales como recargos, límites anuales a las rentas y reglamentos de seguridad. Airbnb y otros grupos del sector están negociando con la mayoría de los Ayuntamientos con la esperanza de moldear cualquier ley posterior.
Algunos lugares de Estados Unidos son más amistosos con el sector. En San José, California; Rhode Island, y Denver, Colorado, se han promulgado leyes favorables para Airbnb. En Filadelfia, Pensilvania, la gente puede compartir su casa hasta 180 días al año.
Airbnb no está solo. Los gobiernos locales y estatales se han dado a la tarea de combatir los servicios a demanda que han florecido gracias a las lagunas legales.
Uber y Lyft, las empresas de viajes a solicitud, tienen equipos de abogados y cabilderos lidiando con la cadena aparentemente interminable de demandas y leyes. Estas empresas se retiraron hace poco de Austin, Texas, por sus disposiciones relativas a la revisión de antecedentes; afirman que la toma de huellas digitales retrasaría el proceso de reclutamiento de choferes.
Airbnb está listo para la batalla. La empresa está valuada en más de 25,000 millones de dólares (unos 450,000 millones de pesos) y ha contratado a veteranos de la política como Chris Lehane, exasesor de Bill Clinton.
Para convencer a los Ayuntamientos y a los activistas de que las rentas a corto plazo pueden servir para el bien común, Airbnb tendrá que esforzarse más para deshacerse de los caseros abusivos como los de Los Ángeles.
"Creo que las rentas a corto plazo son una amenaza grave a la vivienda asequible", dijo el abogado Randy Renick, quien representa a los inquilinos de Los Ángeles. "En Los Ángeles, la plataforma que los caseros usan más para evadir la ley es Airbnb".
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