Brasil, el mayor país de Latinoamérica, con una población que supera los 200 millones de habitantes, donde actualmente se encuentran operativas 257 millones de terminales de teléfono celular y en el que por primera vez en 2014 el número de conexiones a internet móviles superaron a las fijas asiste este lunes estupefacto a una nueva suspensión del servicio WhatsApp en todo su territorio nacional por una orden judicial.

Es una decisión que afecta a millones de personas en un país que ha demostrado en los últimos años una extraordinaria capacidad de movilización ciudadana a través de las redes sociales, hasta el punto de dejar a su presidenta, Dilma Rousseff, al borde de un juicio político que podría culminar en su destitución.

Lo más sorprendente es que la autoría de esta drástica medida que afecta a millones de brasileños es del juez de primera instancia, Marcel Montalvão, con jurisdicción en el municipio de Lagarto, de algo más de 100,000 habitantes, ubicado en el estado de Sergipe. WhatsApp informó de que la decisión “castiga a cien millones de brasileños”.

“Es absurdo que un juez de una microciudad pueda paralizar el medio de comunicación personal y laboral de millones de personas en este país”, opina, indignada, la arquitecta Jasmin Monnerat, minutos después de las 2:00 pm de este lunes, cuando la suspensión de 72 horas entró en vigor en todo el país.

Las principales compañías telefónicas cumplieron la orden del juez, so pena de tener que pagar multas de 500,000 reales (143,000 dólares) diarios.

Montalvão es el mismo juez que en marzo pasado ordenó la detención en São Paulo del vicepresidente de Facebook para Latinoamérica, Diego Dzodan, como respuesta a las reiteradas negativas de WhatsApp (cuyo propietario es Facebook) a permitir el acceso de la justicia brasileña a las comunicaciones de usuarios que estaban bajo investigación por presuntos delitos de narcotráfico. En esta ocasión, el motivo de la suspensión del servicio de mensajería es exactamente el mismo.

En diciembre de 2015 otro juez de primera instancia de São Bernardo do Campo (São Paulo) también ordenó el bloqueo de WhatsApp durante 48 horas, pero una ulterior decisión judicial anuló la medida al cabo de doce horas. En aquella ocasión, como en esta, el tema se convirtió en la primera tendencia de los comentarios en Twitter en Brasil, donde muchos usuarios mostraron su indignación frente el bloqueo.

Tras hacerse eco de la orden del juez o confirmarla en sus terminales celulares, más de un millón de brasileños se dieron este lunes de alta en la aplicación Telegram, competencia directa de WhatsApp. El aluvión de descargas en un lapso de tiempo tan corto fue tal que Telegram se disculpó públicamente por no tener la capacidad de absorber con rapidez todas las peticiones de códigos de verificación para activar la aplicación.

Sea como fuere, las constantes embestidas de jueces de primera instancia contra la aplicación de mensajería más usada en Brasil (y, por ende, a los millones de usuarios) por no permitir la apertura de las comunicaciones a las autoridades judiciales ha dado pie a una seria reflexión sobre dónde empieza el poder de la Justicia de exigir el acceso a estos mensajes de compleja encriptación y donde termina el derecho de millones de ciudadanos que nada tienen que ver con los delitos investigados a poder comunicarse libremente y hacer valer sus derechos.

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