La suma de casos de espionaje gubernamental ilegal en México podrían costarle al país su permanencia en la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (OGP).

El 23 de mayo de 2017, el núcleo de organizaciones para la sociedad civil —integrado por una decena de ONGs— rompió su relación con dos organismos del gobierno federal, el INAI y la Secretaría de la Función Pública, que formaban la Alianza Tripartita para el Gobierno Abierto ante la organización internacional independiente OGP.

Ahora un nuevo informe publicado por Citizen Lab, Artículo 19, R3D MX en favor de los derechos digitales y otras organizaciones, revela al menos 88 casos de supuesto espionaje digital contra periodistas y activistas, entre ellos Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, los cuales al sumarse a los tres casos anteriores refuerzan argumentos para que el núcleo de organizaciones expulse a México de la alianza internacional de gobierno abierto.

“Los casos que se han seguido confirmando, más los que seguramente van a salir, ponen a México en una situación cada vez más difícil respecto a sus políticas y su acercamiento a la protección de los derechos básicos de la sociedad civil en México y para participar en la organización de gobierno abierto”, dijo en entrevista Alejandro González, uno de los 11 miembros del comité internacional de OGP en representación de la sociedad civil.

“Si en los próximas semanas o meses se validan más casos, esto se convierte en algo muy grave para los mexicanos y estaríamos hablando de nuevo de una violación y cuenta como un caso de análisis para la revisión de la permanencia de México en OGP”, agregó González.

La ruptura se dio tras la revelación de tres casos de supuesto espionaje digital que el gobierno federal operó en contra de activistas y ONGs en México. El núcleo de las ONG sustentó la ruptura con el gobierno en que, dado que OGP es un organismo internacional hecho para salvaguardar y promover mejores prácticas de transparencia, apertura y derechos digitales de 75 gobiernos, los casos de espionaje dan poca confianza para trabajar con el gobierno mexicano.

En cuanto a los nuevos casos de espionaje expuestos por las organizaciones civiles y el diario New York Times, Daniel Millán Valencia, director de medios internacionales de la Presidencia de la República, comunicó que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito el artículo” y llamó a los afectados a denunciar los casos para dar seguimiento.

¿Cómo podrían expulsar a México?

De acuerdo con los lineamientos de OGP, en caso de que alguno de los 75 miembros de la organización –actualmente precedida por el gobierno francés– no cumpla con estándares de transparencia o incurra en prácticas que violenten los derechos digitales, como libertad y privacidad, los miembros del comité, ya sea gubernamental o civil, puede interponer un recurso denominado: de respuesta rápida, en el que se pone a discusión la permanencia de un gobierno en la alianza.

Documentos de OGP constatan el uso de este recurso con éxito en dos ocasiones.

En mayo de 2014, el comité de OGP comenzó la evaluación para expulsar al gobierno de Azerbaiyán por violentar los derechos de organizaciones civiles, para finalmente fallar en su contra en mayo de 2016.

En el caso de Hungría, las discusiones para su cese comenzaron en julio de 2015 y fue expulsado en diciembre de 2016, por no respetar estándares de transparencia.

González comentó que, partiendo de los casos documentados de espionaje digital, México podría correr la misma suerte que los otros dos países; sin embargo, aclaró que de inicio se abordará la vía diplomática, aunque si crece el número de casos de espionaje comprobados se empujará el uso del recurso de respuesta rápida.

El caso mexicano se discutirá en la reunión de verano de OGP a celebrarse en Washington DC el 27 de junio de 2017.

“En esta reunión solo se va a presentar el caso y las condiciones del caso. OGP a nivel global siempre privilegia las vías diplomáticas antes que cualquier recurso punitivo. Se verá el establecer una estrategia de diálogo para primero venir a México y hablar con las autoridades mexicanas para que ellos respondan al compromiso que adquirieron”,dijo.

“Si eso no sucede, nos reservamos el derecho de formular un escrito que obligue al comité ejecutivo global a revisar la permanencia de México en la alianza”, consideró.

González explicó que de aplicarse la salida de México, dados los antecedentes, el proceso de validación tardaría entre ocho y 12 meses en resolverse.

Hasta ahora, tras los casos de espionaje presentados, González considera cada vez más alta la posibilidad de presentar el recurso de respuesta rápida.

“Sí, cada vez el contexto lo hace más probable. Y la posibilidad de aplicar la política de respuesta rápida se hace más alta”, dijo.

Gobierno en silencio

Aunque el núcleo de las organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja por irregularidades y casos de espionaje ante el gobierno en febrero de 2017, previo a la ruptura de la alianza tripartita, hasta ahora González afirma que no han tenido respuesta formal por parte de ninguna de las dos dependencias con quien rompieron relación, el INAI y Función Pública.

Recientemente, la encargada de la coordinación de la oficina de la Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes, dijo a Expansión que Función Pública estaba ya en pláticas para restablecer la relación con las organizaciones civiles y ella se dijo sorprendida por los supuestos casos de espionaje.

“En el tema de gobierno abierto, la Función Pública es la que está como responsable. Ya la Secretaría manifestó su interés de seguir en conversaciones con la sociedad civil para poder reintegrarla al secretariado técnico tripartita”, dijo Lagunes a Expansión el 26 de mayo pasado.

González dijo que hasta ahora no han tenido respuesta de parte del gobierno pese a los señalamientos de organizaciones civiles. Expansión buscó a la Secretaría de la Función Pública para un comentario; sin embargo, no se tuvo respuesta al cierre de esta edición.

El núcleo de organizaciones civiles y los representantes de gobierno se reunirán en la próxima reunión de OGP en Washington para discutir el caso México.

“Aún no hay respuesta ni del INAI, ni de Función Pública. Mientras no haya una respuesta con propuestas concretas y que ataquen el fondo del problema no hay cómo restablecer la relación”, dijo González.

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