En un llamado contundente a las y los legisladores de todo el país, la red de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, exige que el aborto sea tratado como lo que es: un tema de salud pública. Las especialistas denunciaron que el aborto es el único servicio de salud tipificado como delito en los códigos penales, una situación que, además de generar miedo, representa barreras que ponen en riesgo la vida de niñas, mujeres y personas gestantes.
La Dra. Sandra Karina Gaspar Martínez, ginecoobstetra, señaló durante una conferencia de prensa conjunta sucedida el fin de semana que, aunque la Ciudad de México fue pionera en 2007 al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, 18 años después aún lo mantiene como un delito en su Código Penal. Luego entonces, ¿qué conflictos genera esta contradicción legal?
“Incluir la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Código Penal fue un error histórico. Los servicios de salud no pueden ser regulados como crímenes”, afirmó Gaspar Martínez.
La gente sigue siendo perseguida por delito
Para ofrecer un mejor contexto de la contradicción del hecho planteado, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización total de la práctica del aborto en todo el territorio mexicano. A pesar de ello, solo algunos estados han reformado sus códigos penales para dejar de tipificar la práctica como susceptible a una condena y sanción.
Hasta septiembre de este año, de acuerdo con los procesos jurídicos penales en cada entidad, solamente 24 estados de las 32 entidades vigentes han destipificado del todo la práctica del aborto. En este año lo hicieron Campeche y Yucatán, específicamente dentro de sus códigos correspondientes, pero hay otros estados que lo han hecho de manera parcial, permitiendo la intervención médica para la práctica de un aborto solamente por causas muy específicas, como la violación o las incidencias de salud de la madre o el feto que impidan el desarrollo pleno de una posible vida. Es el caso de Tabasco. Otra de las entidades que avanza en el proceso es Chihuahua, donde se ha dicho que su Congreso ya trabaja en la modificación del Código Penal local.
No obstante, la inadecuada conducción legislativa en cada territorio de la nación, con la integralidad que se requiere para destipificar de manera definitiva la práctica del aborto, suele dejar vacíos legales que permiten la apertura de investigaciones por este, al que sigue tipificando y permitiendo que se condene social e institucionalmente como un delito.
CDMX encabeza la lista de carpetas
Dicho desfase legal en todo el país pero también dentro de los criterios penales en cada estado tiene consecuencias directas, y no son incidentes aislados.
Volvamos al caso de la Ciudad de México. En lo que va del año, la capital encabeza la lista nacional con 146 carpetas de investigación por aborto, lo que demuestra que la criminalización persiste a pesar de la legislación progresista.
“Las mujeres tienen miedo de preguntar y de poder acceder a estos abortos seguros. Una mujer que decide abortar lo va a hacer con o sin nuestra ayuda, y qué mejor darle esta atención a todas nuestras mujeres”, añadió la Dra. Gaspar.
Un rasgo más que sirve como ejemplo de la inconsistencia de las autoridades en la Ciudad de México sobre la legislación integral y el acceso al aborto seguro sin su situación condenatoria es saber que existen más carpetas de investigación por aborto que por feminicidios. Entre 2023 y 2024 en Ciudad de México se abrieron 368 carpetas por aborto y 127 por feminicidios.
“Es criminalizar la pobreza”
Las expertas coincidieron en que la criminalización del aborto revictimiza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables. La Dra. Yoselin Rivera Vilchis, especialista en salud mental y sexual, sentenció:
“Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Es hacer ojos ciegos a contextos y realidades muy distintas entre ellas, pensar en personas empobrecidas, en personas racializadas, en movilidad, niñas, niños, niñas y adolescentes”, dijo y agregó que se trata de una revictimización, ya que ignora las complejas realidades de las mujeres, especialmente las de bajos recursos, adolescentes y niñas que son víctimas de violencia sexual.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), criminalizar el aborto no reduce su incidencia, sino que incrementa la mortalidad y morbilidad materna.
Por su parte, la Dra. Blanca Estela Kempis Robles, cirujana de Morelos, relató cómo durante más de 30 años ha visto a mujeres llegar a hospitales con daños irreversibles por abortos inseguros. “No hay tiempo: necesitamos dejar atrás el miedo y reconocer el aborto como lo que es: un servicio de salud, no un delito. El aborto seguro es salud pública; debe ser un derecho y no un privilegio”, enfatizó.
En conferencia de prensa, las especialistas recalcaron que la realidad de las mujeres que buscan un aborto es muy compleja y no se acerca al estigma que existe. La psicóloga Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz afirmó que obligar a una persona a continuar con un embarazo no deseado genera traumas, ansiedad y trastornos emocionales, mientras que un aborto seguro y acompañado las protege.
Un llamado a los legisladores
La red de profesionales de la salud urgió a los legisladores a acatar las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha declarado inconstitucional criminalizar a las mujeres y al personal de salud. A principios de septiembre, la SCJN ordenó a la gobernadora de Morelos garantizar el acceso al aborto legal, aún sin reformar el Código Penal estatal, lo que demuestra que la criminalización debe cesar de inmediato.
La Dra. Marau Basilio Roblero, ginecoobstetra de Tlaxcala, subrayó que el personal médico también vive con miedo. “Miedo a ser denunciado por brindar atención, miedo a perder nuestra licencia, miedo incluso a salvar vidas”. Las especialistas insistieron en que los legisladores deben tomar decisiones con base en evidencia científica, pertinencia cultural e interseccionalidad, no en prejuicios.
Ante este panorama, propusieron también la colectividad como principal estrategia para protegerse y continuar con su labor. A través de redes como Médicos por el Derecho a Decidir, Médicos Verde Violeta y la propia Salvemos Miles de Vidas, todas estas asociaciones comparten información basada en evidencia científica, se capacitan mutuamente y se brindan apoyo psicológico y legal. La Dra. Kempis, relató cómo la capacitación le ayudó a ella y a sus colegas a dejar de ver la criminalización como un “monstruo que no existe”, ya que, a pesar de las amenazas, ningún médico en México ha sido encarcelado por realizar un aborto.
Las doctoras enfatizaron que la solución está en que el aborto sea sacado de los códigos penales y sea regulado solo por lineamientos de salud, como lo hacen las NOM 046 y 047, que establecen los protocolos para la interrupción del embarazo en casos de violación y en adolescentes. Dejar de criminalizar el aborto permitiría a las autoridades de salud registrar cuántas mujeres acuden a los servicios, conocer las razones y así, tener un mejor control de un problema de salud pública.
La Dra. Kempis concluye que “la salud no debe estar regulada por las leyes. La salud es un derecho esencial y el aborto también”, sentenció. La lucha de estos profesionales es por la dignidad y el derecho a una atención integral, pues para ellos, “salvar vidas no debe ser un crimen”.
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