Quizás no eres periodista, ni activista, ni político. Te sientes seguro porque asumes que tu información no es de interés del gobierno. Pero estás en un error.
Existen dos tipos de vigilancia gubernamental. Por un lado está la focalizada, como la del reciente caso Pegasus de presunto espionaje a figuras como Carmen Aristegui, Ricardo Anaya o Rafael Cabrera. Por otro lado, está la vigilancia masiva, de la que todos podemos ser (o ya somos) objeto.
“Todas las personas están siendo puestas en vigilancia masiva“, explica Carlos Brito, director de incidencia de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) en entrevista con Expansión. “Todas las líneas telefónicas móviles del país (108 millones) se registran y vigilan durante sus primeros dos años, creando metadatos o datos retenidos a los que la autoridad puede tener acceso“.
Desde el 2016 se determinó que, para tener acceso a esta información, las autoridades correspondientes requieren de una orden judicial, según lo regula el artículo 16 constitucional de protección de datos personales. Sin embargo, un estudio realizado por R3D entre 2014 y 2016, arroja que no se realizaron solicitudes de información para el 99% de las líneas espiadas.
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Así, a través de una orden judicial, las autoridades pueden obtener estos metadatos (información sobre a quién contactaste, con qué frecuencia, por qué zonas te moviste), de las empresas telefónicas operadoras de las líneas. Es decir, los metadatos pueden formar un perfil de la persona con cuestiones íntimas como preferencias políticas, religiosas y sexuales, estado de salud y relaciones personales.
Si bien la orden judicial forma parte de los requerimientos para dar información a las autoridades, R3D denuncia que muchas de las autoridades que tienen acceso a los datos, ni siquiera están facultadas para ello.
Legalmente, solo la Policía Federal para casos específicos de prevención del delito, el CISEN, para seguridad nacional, y las procuradurías federal y estatales, para realizar investigación de delitos, están autorizadas. Sin embargo, de acuerdo con el informe El estado de la vigilancia: fuera de control publicado por R3D en noviembre de 2016, instituciones como el INE, al menos doce gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda, entre otros, realizan estas peticiones de información. Aunque se desconoce si las operadoras entregan la información a las mismas.
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Las empresas operadoras de las líneas tienen la facultad de negarse a estas peticiones por falta de sustento o legalidad, sin embargo, dice, pocas lo hacen.
De acuerdo con una solicitud de información realizada por R3D al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el primer semestre de 2016, AT&T rechazó 46.6% de las 5,503 solicitudes de acceso a datos de usuarios; Megacable, 63.55% de las 115 solicitudes que recibió, y Movistar rechazó 7.9% de 4,341 solicitudes totales. En contraste, Axtel y Telcel no rechazaron ninguna solicitud. Telcel fue la compañía que recibió más solicitudes con 27,672 en el primer semestre de 2016.
Expansión contactó a Telcel pero no obtuvo una respuesta inmediata.
“Estas bases de datos, presumen a todos los ciudadanos potenciales delincuentes. Y son bases que no se eliminan, están ahí, aunque cambiemos de gobiernos, y no sabemos para qué van a ser usadas“, explica Brito.
En Europa, un grupo de ciudadanos pidió acceso a sus propios metadatos en 2014 en Alemania, lo que terminó en una orden del Tribunal Europeo para cancelar la retención de esta información ciudadana, alegando que el saberse vigilado modifica los comportamientos y limita la libertad de expresión, lo que significa un golpe a la democracia.
Por otro lado, también bajo orden judicial y de manera más focalizada, las autoridades pueden intervenir comunicaciones privadas -contenido de mensajes, llamadas, correos–, y revisar la geolocalización -en tiempo real, puede ser de hasta seis meses-.
“No todo el mundo debe estar asustado de recibir mensajes de Pegasus“, afirma Brito. “Pero todos debemos ser conscientes de que somos vigilados de formas de las que no siempre podemos protegernos con mensajes encriptados“.
Este lunes, el periódico estadounidense New York Times, publicó el tercer reportaje en el que dice que el gobierno mexicano utiliza el software llamado Pegasus para el espionaje de dispositivos móviles, en este caso de grupos activistas como el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que colaboraron en la investigación del caso Ayotzinapa.
El gobierno mexicano ha negado categóricamente el espionaje, afirmando que “no hay prueba alguna“ de que sus agencias hayan realizado el espionaje y ha pedido que los espiados realicen una denuncia.
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