¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de un tema que está generando mucha controversia en el ámbito de la salud en nuestro país. El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, ha salido a la defensa del Fondo de Salud, denunciando que la nueva iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum podría desmantelarlo y eso tendría serias consecuencias para la atención médica en México.

Ramírez Barba, quien además es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, ha manifestado que esta propuesta es una auténtica “amenaza directa e inaceptable para la salud”. Para él, se trata de un “asalto a la salud” que busca poner las manos en el dinero que todos los mexicanos han acumulado en el Fondo de Salud para el Bienestar. ¿Y qué significa eso? Pues que se está poniendo en riesgo la protección financiera que muchas personas necesitan para enfrentar enfermedades graves como el cáncer.

En específico, el diputado señala que la propuesta ataca el Fondo de Salud para gastos catastróficos (FONSABI), al centralizar el manejo de recursos que están destinados a tratamientos vitales. Menudo problema, ¿no crees? Se viene la eliminación de la obligación de destinar como mínimo el 8% de esos recursos a atender enfermedades críticas, como el VIH o los cuidados intensivos neonatales.

Y aún hay más. Según lo que menciona Ramírez Barba, el Fondo, que fue creado para cubrir tratamientos especializados, ahora podría utilizarse para gastos corrientes, mantenimiento, y eso, amigos, no suena nada bien. La consecuencia inmediata sería un debilitamiento en la atención a pacientes graves, quienes dependen de tratamientos costosos para sobrevivir.

Además, se elimina una parte crucial de la ley que garantizaba que los recursos del Fondo continuarían destiñéndose a la atención de enfermedades que generan gastos catastróficos. En su lugar, se planean cambios que, a simple vista, parecen más ambiguos y problemáticos. ¡Vaya lío!

Ramírez Barba también apuntó que, en menos de cinco años, el Fondo ha visto un desplome en sus recursos, pasando de 93,000 millones de pesos en 2018 a solo 32,000 millones hoy. Eso es un recorte alarmante. Y parece que los recursos estarían más destinados a “obras prioritarias del gobierno” que a la salud de los mexicanos.

Un punto crucial que menciona el diputado es que con esta reforma se institucionalizaría el desabasto de medicamentos, debido a la centralización de compras en la Secretaría de Salud y BIRMEX. Si has escuchado de las irregularidades en el pasado, sabrás que este modelo ha fracasado. Además, el gobierno debe 14,000 millones de pesos al sector farmacéutico, lo que complica aún más las cosas.

Finalmente, el diputado anunció que su bancada propondrá proteger el Fondo de Salud, sugiriendo destinar parte de la recaudación del IEPS a este fondo para garantizar tratamientos críticos y, lo más importante, llevar a cabo un Parlamento Abierto para discutir esta reforma. ¡Es fundamental que se escuche la voz del pueblo en este tipo de decisiones!

Así que ya sabes, este tema no sólo afecta a los pacientes, sino a todos nosotros. Mantente informado y no dejes de compartir tus opiniones sobre este asunto tan importante. ¡Hasta la próxima!

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El desencanto ciudadano con la clase política ha sido el motor del cambio en el México de la alternancia. El antipriismo –bien leído por un grupo estratégico encabezado por Ramón Muñoz y Eduardo Sojo— llevó por primera vez al PAN a Los Pinos, con un outsider (Vicente Fox) como ariete.

La impunidad de la clase política resulta imperdonable para un sector de la población. Para ellos y para otro segmento, beneficiario de los programas asistenciales, fue el discurso obradorista que demonizó a la mafia del poder y logró llevar a la izquierda partidista a Palacio Nacional, después de dos intentos fallidos. El rencor dominó a la esperanza y la polarización se impuso desde entonces.

Una lectura equivocada del humor social de los mexicanos cimentó la alianza opositora a seleccionar a Xóchitl Gálvez para competir con la abanderada oficialista. El estudio de Guido Lara fue certero al detectar los temores y las esperanzas del electorado, pero no podía detectar las insolvencias de la senadora hidalguense. Un fracaso descomunal que sirvió para comprobar que lo más importante en una campaña es el candidato, no el aparato electoral que lo respalda.

Vencer al obradorismo en el 2024 era una misión imposible. A un año del claudismo, son notorias las fisuras en el segundo piso de la Cuarta Transformación y por lo mismo se ha apurado un nuevo alineamiento en el polo opositor (que trasciende a los partidos políticos). Esta vez, empero, no puede haber un error de diagnóstico.

Con el telón de fondo de la abstención masiva, y la confrontación permanente con las élites, de las que ya son parte los actuales dirigentes, se abre un espacio para la disrupción. La agresividad consigue rating y likes, y endurece el apoyo de fanáticos, pero aleja a los tibios, que son la mayoría.

Si son o no son iguales, es lo de menos. La gente está harta del discurso de políticos que no la escuchan y uno de cada tres mexicanos cree que todos los políticos –morenistas u oposicionistas– son un asco. Ese es el piso para un outsider (hasta ahora anónimo), para una alternativa.

Morena ha cometido un error evidente: desde el obradorismo no argumenta por qué son mejores, sino que sus adversarios son malos. No se dan cuenta de que eso los afecta a todos.

En el México del 2025, ¿cuál es la determinante del voto? ¿los ciudadanos deciden con base en los programas del bienestar, el miedo a los grupos criminales o la política arancelaria de Donald Trump? ¿Es posible romper la lógica del oficialismo o propiciar la implosión al interior de Morena?

El hallazgo de una fórmula ganadora está acompañado por la selección del personaje que desafiará al abanderado (¿o abanderada?) del claudismo en el 2030. Los atolladeros del año 1 de la Presidenta, su decisión de no romper con el obradorismo, han abierto una ruta para la alternancia definitiva a pesar de la reforma electoral en ciernes.

Información reciente —compartida entre un grupo selecto de empresarios y líderes políticos— identifica que 29% de los electores detestan las siglas que conforman al sistema de partidos. Los abstencionistas, empero, podrían ser los gestores del cambio definitivo.

Efectos secundarios

INCLUSIVOS. Paralela a la asamblea anual de la ONU, en Nueva York ocurrió una Cumbre Mundial contra el Extremismo que alineó a los mandatarios Lula Da Silva, de Brasil; Gabriel Boric, de Chile; Pedro Sánchez, de España; Gustavo Petro, de Colombia, y Yamandú Ors, de Uruguay. Ese club de dignatarios progresistas tiene un lugar reservado para Claudia Sheinbaum Pardo. Y una misión: frenar el avance de la extrema derecha en el mundo. A la tercera cita, que ocurrirá en el verano de 2026 en Madrid, se espera la asistencia de la presidenta de México.

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El viernes pasado escribí en este espacio que México se suma a la liga mundial de los centros de datos (CD) y que el anuncio de CloudHQ lo confirma: 4,800 millones de dólares en Querétaro para seis complejos, 600 MW de carga informática, 7,200 empleos en la construcción y 900 permanentes. El discurso de su COO, Keith Harney, transmitió confianza: habló de la enorme oportunidad y se refirió a cómo el CD se abastecerá de energía, Lo que no mencionó es la falta de capital humano calificado.

Solo cuatro de cada 10 mexicanos leen al menos un libro al año y se suele hablar de un promedio de uno o dos, aunque esa cifra es optimista: muchos dicen leer para no admitir lo contrario y buena parte de esos libros nunca se termina. Lo demás son lecturas fragmentadas en internet, que no generan vocabulario ni pensamiento crítico. Este rezago se refleja en los resultados de la prueba PISA 2022 de la OCDE: México obtuvo 415 puntos en lectura frente al promedio de 476 y solo 53% de los estudiantes alcanzó el nivel 2, el mínimo funcional que permite ubicar ideas básicas, pero no analizar ni evaluar textos complejos, justo lo que se requiere para manejar sistemas en un centro de datos.

A esta debilidad se suma la desigual calidad universitaria. En rankings como QS o Times Higher Education solo la UNAM y el Tecnológico de Monterrey figuran entre las primeras del mundo: la UNAM en el lugar 136 en QS y el Tec en el 187. Ninguna otra institución mexicana aparece entre las mejores 600. La mayoría de universidades estatales está rezagada, con poca investigación y débil vínculo con la industria tecnológica. Aunque México gradúa más de 120,000 ingenieros al año, solo 10–15 % posee las competencias y el inglés necesarios para incorporarse a sectores de alta tecnología.

Por lo anterior, reclutar 900 especialistas no será sencillo. Son escasos los cursos en enfriamiento, energías críticas o gestión de infraestructura digital y muchos egresados carecen de certificaciones internacionales. Además, los sectores automotriz y aeroespacial absorben al mejor talento. Los técnicos disponibles para data centers apenas suman unos cientos al año. Sin embargo, este déficit puede superarse con capacitación intensiva, alianzas universidad-empresa y atracción de expertos del extranjero.

En Querétaro, CloudHQ gestionará la infraestructura crítica —energía, enfriamiento, seguridad y conectividad—, mientras que los inquilinos tecnológicos de su CD manejarán la capa digital, es decir, servidores y aplicaciones. Ambos enfrentarán escasez de personal en campos distintos, pero saben cómo resolverla: capacitación interna acelerada, convenios con universidades, certificaciones internacionales, atracción de talento extranjero y subcontratación especializada. Que CloudHQ y otras empresas de TI hayan decidido invertir en México muestra que confían en estas soluciones.

México puede aprovechar este ambicioso y multimillonario proyecto como catalizador para mejorar universidades, ampliar programas técnicos y fomentar la lectura desde edades tempranas.

Nuestro país no lee ni forma suficientes especialistas. Pero si logra cerrar esas brechas, no solo podrá sostener proyectos como el de CloudHQ, sino consolidarse como protagonista de la economía digital mundial.

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

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¡Hola, amigos! Hoy vamos a hablar de un tema que está dando de qué hablar en el mundo político: la reforma a la legislación secundaria en materia de amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Cámara de Senadores ha puesto manos a la obra y, aunque la discusión y votación del paquete de reformas se llevará a cabo hasta la próxima semana, ya se están generando muchas expectativas al respecto.

De acuerdo con el camino que se ha trazado, parece que la aprobación en comisiones del dictamen correspondiente también se dará pronto. ¡Así que mantente atento!

La iniciativa plantea varios cambios a leyes importantes como la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hoy y mañana, se realizará un ejercicio de consulta pública donde 37 expertos, académicos y representantes de organizaciones civiles estarán analizando la propuesta. ¡Eso es lo que yo llamo una democracia en acción!

Entre los participantes se encuentran nombres reconocidos como Andrés Aguinaco Gómez Mont y Luis Knapp Moreno, quienes aportarán su perspectiva sobre temas clave como el “interés legítimo y suspensión”, y el “juicio de amparo digital”. ¡Suena interesante, ¿verdad?

Además, mañana se sumarán 19 ponentes más, incluyendo figuras de la Asociación de Bancos de México y del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué mejor que escuchar a los que saben para hacer un análisis más profundo?

Pero eso no es todo. Mientras esto sucede, el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano también se está metiendo en el análisis de la iniciativa presidencial con un esquema de parlamento abierto. ¡Esto se está poniendo emocionante!

Sin embargo, no todos están tan listos para esto. Ricardo Anaya, del PAN, anunció que su partido participará, mientras que Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, dijo que su grupo no lo hará y que quienes participen estarán avalando la propuesta. Así que claramente hay diferentes opiniones sobre este importante tema.

En resumen, estamos ante un momento crucial que podría cambiar la forma en que se aplica el amparo en México. ¿Qué opinas sobre estos cambios? Déjanos tus comentarios y sigamos la conversación. ¡Hasta la próxima!

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El otro día, el ambiente político se llenó de rumores y dudas cuando el senador de Morena, Adán Augusto López, admitió que ha recibido más de 80 millones de pesos extra en sus cuentas. ¡Sí, leyeron bien! Esa cifra suena estruendosamente fuerte y ha levantado muchas cejas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se quedó callada ante la situación. Cuando le preguntaron sobre los enredos financieros del senador, ella simplemente dijo: “Pues sí, que aclare, que aclare el senador.” ¡Así tal cual! No es de extrañar que se generara una gran expectativa.

En un abrir y cerrar de ojos, Adán Augusto decidió convocar a una conferencia de prensa el viernes pasado para aclarar la situación. En ella, el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco negó que exista alguna discrepancia entre lo que reportó en sus declaraciones fiscales y patrimoniales. Además, confirmó que sus ingresos en 2023 y 2024 ascienden a esos 80 millones que están causando revuelo.

“Mis ingresos están debidamente declarados y los impuestos, pagados,” afirmó con seguridad. Hizo hincapié en que su declaración patrimonial desglosa la información de manera diferente, pero que, según él, hay coincidencias. Sin embargo, hay quienes no están tan convencidos.

De hecho, Adán calificó de “intento de manipulación” un reportaje de Televisa que cuestionó si esos ingresos extra fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales. Según el informe, los depósitos parecían venir de personas cercanas en su gobierno en Tabasco o de empresas que no parecen ser del todo limpias.

Cuando le cuestionaron sobre la empresa Rabatte y su relación con ella, Adán fue contundente: “Yo, de manera directa, nunca otorgué ningún contrato.” A pesar de los rumores y la controversia, parece que el senador está decidido a defender su nombre y su honor.

Además, Adán López mencionó que estos “ataques” tienen un objetivo claro: dañar al movimiento político de Morena. Y, como si eso no fuera suficiente, también reveló que tiene una idea sobre quién o quiénes podrían estar detrás de las filtraciones sobre sus ingresos. ¡Vaya drama político!

Por último, fue muy claro al descartar la posibilidad de separarse voluntariamente de su cargo de senador. Esto sería para facilitar la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de Seguridad Pública en Tabasco y ahora se encuentra en un lío legal por supuestos vínculos con un grupo criminal. Según Adán, durante su mandato no tenía idea de posibles actividades ilícitas.

Así que, mientras todo esto se desarrolla, quedamos a la espera de más aclaraciones. ¿Podrá Adán Augusto salir limpio de esta tormenta? ¿O estamos ante el inicio de un escándalo mayor? Solo el tiempo lo dirá. ¡Estén atentos!

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La organización del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) ha avanzado significativamente desde su instalación formal el 1 de septiembre del 2025, consolidándose como uno de los pilares de la nueva arquitectura judicial en México.

El TDJ fue instalado oficialmente el 1 de septiembre del 2025, coincidiendo con el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Está conformado por cinco magistraturas electas por voto popular: Celia Maya García (presidenta), Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

A la fecha no se han dado a conocer las comisiones y los integrantes de las mismas que fungirán como autoridades sustanciadoras y resolutoras.

En cuanto a la instalación en los estados, en 19 entidades federativas se celebraron elecciones judiciales locales el 1 de junio del 2025, incluyendo la selección de magistraturas para los TDJ estatales.

Zacatecas fue el primer estado en instalar su Tribunal de Disciplina Judicial local, con magistraturas también electas por voto ciudadano. Chihuahua, Sonora y Baja California son estados que han avanzado en la instalación de los tribunales de disciplina judicial.

Aterrizajes por afortunados de las reformas jurídicas y falta de voluntad política de los actores han influido en los retrasos en el despliegue estatal de la disciplina judicial.

La magistrada presidenta Celia Maya ha llamado a demostrar que la reforma judicial es pertinente y exitosa, enfrentando el escepticismo nacional e internacional.

Ha reconocido la necesidad de fortalecer la capacitación judicial, evitar la persecución política y garantizar que las sanciones respondan a criterios legales y no ideológicos.

A la fecha los nombramientos claves del Tribunal de Disciplina Judicial, como lo son la Unidad de Evaluación y de Investigación, no han sido oficializados.

Querido lector, el TDJ representa una innovación institucional sin precedentes en México. Su avance organizativo ha sido rápido y estructurado, aunque enfrenta retos de legitimidad, coordinación y formación técnica. Su consolidación dependerá de su capacidad para ejercer vigilancia efectiva sin vulnerar la independencia judicial, y para construir una cultura de integridad dentro del sistema de justicia. Hasta la próxima.

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El gobierno, tanto el pasado como el actual, han escrito, con sus decisiones de política pública en general y de política económica en particular, lo que podría ser un recuadro en un libro de texto sobre teorías del crecimiento económico para ejemplificar lo que no hay que hacer.

La destrucción del arreglo institucional, que incluyó la reforma judicial que lo subordinó de facto al Poder Ejecutivo y la desaparición de los órganos autónomos del Estado, aunado a la captura del INE, eliminó los contrapesos al ejercicio autoritario del poder. Esto ha permitido que actúe con mayor discrecionalidad y mucho menor transparencia, lo que ha mermado significativamente la certeza jurídica e inhibido la inversión privada.

A esto hay que agregar decisiones erróneas en política fiscal, la inyección de casi dos billones de pesos a la quebrada Pemex sin siquiera hacer el intento de resolver sus problemas estructurales. Los cambios regulatorios en materia energética han dado mayor poder de mercado a las menos eficientes empresas gubernamentales, a costa de castigar a las más eficientes empresas privadas, lo cual también inhibe la inversión en toda la economía. Además, se están canalizando más de un billón y medio de pesos a la construcción de obras públicas con rentabilidad social negativa que destruirán riqueza nacional y reducirán el potencial de crecimiento económico.

También es importante mencionar el incremento en las transferencias gubernamentales gracias a varios programas, sacrificando presupuestos en sectores educativos y de salud públicos, lo que afecta directamente la formación y acumulación de capital humano. Y, por último, no podemos olvidar la expansión de la delincuencia que ha traído consigo un aumento significativo en homicidios y extorsiones, actuando como un impuesto adicional a los legales.

Los resultados de tales decisiones son evidentes: el PIB en el tercer trimestre de 2024, cuando finalizó el período presidencial de López, fue únicamente 5.7% superior al valor correspondiente al PIB del cuarto trimestre de 2018. Esto se traduce en un crecimiento medio durante los 23 trimestres de solo 0.2% y una disminución del PIB por habitante de casi 6 por ciento.

Avanzando al futuro, el escenario para los próximos años, es decir, el sexenio de la presidente Sheinbaum, no pinta muy bien. Este año se espera que, en el mejor de los casos, el crecimiento sea de solo 0.8%, lo cual podría implicar una caída adicional del PIB por habitante. Existen al menos cuatro elementos que afectarán el crecimiento.

Primero, la propuesta de reformas a la Ley de Amparo que eliminarían las suspensiones provisionales frente a actos de gobierno que vulneren los derechos individuales. Si se aprueba, se ampliarían las facultades para que el gobierno actúe de manera discrecional en detrimento de la propiedad privada, afectando la inversión privada y el crecimiento.

Segundo, la debilidad estructural de las finanzas públicas. Las continuas pérdidas en empresas gubernamentales y el crecimiento de transferencias, especialmente pensiones no contributivas, dificultan reducir significativamente los requerimientos financieros del sector público, poniendo en riesgo el grado de inversión.

Tercero, la drástica baja en la inversión pública en infraestructura. Los intentos de disminuir el déficit fiscal han llevado a una contracción de la inversión, especialmente en áreas que podrían detonar la inversión privada.

Por último, la política comercial de Trump y la inminente renegociación del T-MEC. La amenaza de imponer aranceles generalizados sigue existiendo, lo que genera incertidumbre que inhibe la inversión y el crecimiento.

En resumen, la destrucción institucional en el sexenio pasado y durante el primer año de este, junto con los cuatro elementos mencionados, permiten prever otro sexenio de muy bajo crecimiento económico. Es un panorama preocupante, pero ¿qué podremos hacer como ciudadanos para revertir esta situación?

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Cuando hablamos de políticos en nuestro país, a menudo imaginamos un circo, donde cada uno intenta mantener en equilibrio los dedos de la política y el arte de la comunicación. En este contexto, el alcalde regiomontano Adrián de la Garza se presenta como un verdadero malabarista. ¿Por qué? Porque en su primer informe de gobierno está buscando un equilibrio entre la rendición de cuentas y la colaboración con la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tiempos en los que la transparencia es la palabra de moda, De la Garza parece mantenerse al día con el pulso de la política nacional. Su intención de mostrar voluntad para sumar y colaborar con el gobierno federal es, sin duda, un movimiento inteligente. La esencia de su mensaje está en dejar claro que su administración no solo se enfocará en un balance administrativo de obras, programas sociales y temas de seguridad, sino que también busca reflejar una alineación con la propuesta del Poder Ejecutivo.

Este enfoque puede ser visto como un termómetro, que no solo medirá la efectividad de su gestión, sino que también sinalizará su identificación con una administración que busca la unidad y la cooperación. En lugar de convertirse en una figura aislada y crítica, De la Garza ha optado por la cooperación, donde cada acto y cada proyecto puede ser un paso hacia el fortalecimiento de una relación más fructífera con la administración central.

Así que, en lugar de solo listarnos cifras y logros, esperemos que su informe esté lleno de propuestas que reflejen la temática de la colaboración y la construcción de puentes con el gobierno federal. En un momento en que se necesitan más malabaristas que nunca, su estilo podría ser la clave para lograr un equilibrio en los próximo años.

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Hola a todos, hoy les traigo un tema que ha estado en boca de muchos y que nos involucra a todos como colombianos. ¿Qué ha pasado con nuestro presidente Gustavo Petro y su reciente visita a Nueva York? Vamos al grano.

Recientemente, un grupo de precandidatos presidenciales y figuras políticas colombianas emitió una carta donde rechazan abiertamente las declaraciones y actos de Petro durante su estancia en la Gran Manzana. En esta carta, se menciona que el presidente provocó que el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa para entrar a su territorio. ¡Todo un escándalo!

Petro no se quedó callado y con un megáfono en mano, lanzó un mensaje fuerte y claro: “¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles!”. Aparentemente, sus palabras estaban dirigidas a instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes de su gobierno, algo que muchos interpretan como una violación grave de las normas internacionales.

La carta también señala que, mientras Petro intenta convertirse en un líder global, el país enfrenta una violencia alarmante y niveles de inseguridad que no se pueden ignorar. Quienes firman este comunicado consideran que el presidente se está alejando de los problemas internos que realmente afectan a los colombianos. ¿No debería su enfoque estar en restablecer el orden y la seguridad en casa?

Además, el documento indica que las declaraciones de Petro no reflejan el sentir de la mayoría de los colombianos, quienes valoran la cooperación y la amistad con Estados Unidos. La conclusión es clara: Colombia necesita volver a tener un papel diplomático serio y respetuoso en el escenario internacional.

Una Respuesta Irónica

Al regresar a Colombia, Petro no perdió la oportunidad de minimizar la situación y dijo: “No volveré a ver el Pato Donald, por ahora, eso es todo”. Con un tono burlón, se despachó sobre la revocación de su visa y reiteró que no le importa, ya que se considera “una persona libre en el mundo”. No obstante, la pregunta que queda en el aire es: ¿realmente estamos bien como país si nuestro presidente toma este tipo de decisiones en momentos críticos?

Así que, ahí lo tienen. Entre crisis diplomáticas y declaraciones explosivas, el escenario político en Colombia sigue siendo un tema candente. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Es momento de cambiar nuestra dirección política o seguir adelante con lo que se ha hecho? ¡Déjenme sus comentarios!

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