La propuesta francesa de cobrar a las empresas de contenidos por cada gigabyte enviado a usuarios del país tuvo una vida breve. La Asamblea Nacional la aprobó por un margen mínimo, pero cinco días después rechazó por unanimidad la sección de ingresos del presupuesto de 2027, anulando con ella la medida.

El impuesto, presentado mediante una enmienda del diputado socialista Laurent Lhardit, habría obligado a los proveedores de contenidos a pagar 0,055 euros por cada gigabyte entregado a clientes de operadores franceses. Sus promotores estimaron que podría recaudar unos 10.000 millones de euros anuales, una cifra que el Gobierno puso en duda junto con la viabilidad de medir el tráfico de forma equitativa.

Una aprobación por margen estrecho

La enmienda se aprobó el viernes 30 de octubre, al inicio de una sesión con una participación muy baja: de los 577 diputados, solo 35 votaron. Once apoyaron la propuesta, diez se opusieron y catorce se abstuvieron. Tanto el Gobierno como el ponente general de la Comisión de Finanzas habían recomendado rechazarla.

El mecanismo previsto encargaba a los proveedores de internet y a otras empresas que venden acceso a la red contabilizar los datos recibidos por sus clientes y atribuirlos a las compañías que los habían enviado. La supervisión correspondería al regulador de telecomunicaciones francés, Arcep, y a la administración tributaria. La enmienda establecía que no se podrían exigir registros sobre el contenido de los datos ni sobre sus destinos.

Dudas sobre costes y aplicación

La propuesta despertó críticas tanto entre las empresas potencialmente afectadas como entre los operadores que habrían tenido que llevar el recuento. VideoLAN, la organización sin ánimo de lucro responsable de VLC, advirtió que el gravamen podría costarle más de un millón de euros al año. Su autor respondió que los límites previstos protegerían a entidades como esta.

Octave Klaba, fundador de OVHcloud, calculó que el impuesto podría suponer para su empresa entre 23 y 70 millones de euros anuales. También señaló que, en un puerto de tránsito de 100 Gbit/s, la factura podría alcanzar alrededor de 1,02 millones de euros al mes bajo sus estimaciones de tráfico.

La Federación Francesa de Telecomunicaciones, que representa a Orange, Bouygues Telecom y SFR, no descarta que las grandes plataformas contribuyan más a financiar las redes. Sin embargo, expresó inquietud por la carga técnica y administrativa de la propuesta, especialmente porque los ingresos se destinarían al Estado y no directamente a las infraestructuras. La federación se inclina por negociaciones comerciales con las plataformas.

El rechazo presupuestario la deja sin efecto

La votación definitiva de la parte de ingresos del presupuesto se aplazó mientras seguían pendientes cientos de enmiendas. Cuando finalmente se celebró, el miércoles por la noche, la Asamblea rechazó el texto por 458 votos a cero. Todas las enmiendas aprobadas durante las semanas de debate quedaron anuladas, incluida la tasa por gigabyte.

Por tanto, el texto que pasa ahora al Senado es el proyecto original del Gobierno, que no contenía este impuesto. Para que la medida vuelva a debatirse, tendría que presentarse de nuevo y obtener apoyo en ambas cámaras. Ese escenario se considera poco probable, aunque el tema podría reaparecer en futuras discusiones presupuestarias.

Un debate que trasciende Francia

La iniciativa forma parte de una discusión más amplia sobre quién debe financiar la ampliación y el mantenimiento de las redes digitales. En la Unión Europea, el debate sobre la llamada «contribución justa» de las grandes plataformas no ha desembocado en una obligación general: la propuesta de Ley de Redes Digitales plantea un mecanismo voluntario de cooperación.

También existe una dimensión internacional. Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a países que graven a sus empresas tecnológicas. Dado que compañías como Google, Meta, Amazon y Netflix podrían estar entre los principales contribuyentes de una tasa basada en el tráfico, la propuesta francesa habría podido generar tensiones comerciales.

Por ahora, el impuesto está descartado y no cambia las facturas de internet ni el funcionamiento de los servicios digitales en Francia. Sin embargo, la idea de exigir una mayor contribución de las grandes plataformas a la infraestructura de red sigue presente en el debate político y podría volver con otro diseño.

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