El proyecto Wonder Valley, impulsado por O’Leary Digital y promovido por el inversionista Kevin O’Leary, enfrenta un nuevo escrutinio en Alberta, Canadá. La Nación Cree de Sturgeon Lake (SLCN) ha solicitado una revisión judicial relacionada con el desarrollo, que sus promotores proyectan como el centro de datos de mayor tamaño del mundo.

La iniciativa, anunciada en 2024, contempla una inversión estimada de 70.000 millones de dólares canadienses y una superficie de unos 64 kilómetros cuadrados. El terreno propuesto se encuentra dentro del territorio tradicional de la SLCN, aproximadamente a 130 kilómetros al suroeste de la reserva de la Nación.

Uno de los puntos centrales de la controversia es el calor residual que podrían generar las instalaciones. Robert Davies, físico de la Universidad Estatal de Utah contratado por la SLCN, presentó una evaluación que busca dimensionar ese posible impacto y plantea dudas sobre si las normas actuales de planificación y protección ambiental son adecuadas para un proyecto de esta escala.

### Una comparación para dimensionar el calor

En su evaluación, Davies comparó la energía térmica potencial del centro de datos con “23 bombas atómicas”. El físico aclaró que la analogía no se refiere a explosiones, sino que pretende ofrecer una referencia sobre la magnitud de la energía involucrada. También describió el proyecto como un posible foco de calor de escala excepcional.

La cifra, sin embargo, requiere contexto. Davies indicó que sus estimaciones son aproximaciones preliminares destinadas a transmitir la escala del fenómeno y que deberían contrastarse con la información técnica presentada por la empresa. El documento tampoco constituye una evaluación ambiental integral, un informe pericial formal ni una opinión jurídica.

### Evaluación ambiental y regulación

La evaluación advierte que el calor residual podría tener efectos en el entorno, incluida la fauna silvestre, aunque determinar su alcance exigiría análisis más completos. Davies afirmó que no respaldaría avanzar sin evaluaciones detalladas y sostuvo que las normas ambientales existentes no se diseñaron pensando en instalaciones de esta magnitud.

La revisión judicial de la SLCN pone en primer plano preguntas sobre cómo deben evaluarse los impactos de los grandes centros de datos, qué información debe exigirse a sus promotores y cómo deben incorporarse las preocupaciones de las comunidades indígenas afectadas. La escala del proyecto hace especialmente relevante que las estimaciones se verifiquen con datos específicos y estudios independientes.

O’Leary Digital, por su parte, señaló que respeta el proceso regulatorio y que mantiene conversaciones con comunidades indígenas. En un correo electrónico, el director ejecutivo Paul Palandjian describió el diálogo y la participación como parte del trabajo en curso de la empresa.

El futuro de Wonder Valley dependerá, en parte, de la revisión judicial y de las evaluaciones regulatorias correspondientes. Mientras el proyecto avanza por ese proceso, el debate subraya la importancia de contar con estudios transparentes y rigurosos para valorar sus posibles efectos ambientales y comunitarios.

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