Las autoridades suecas han prohibido el uso de ChatGPT y Claude para tareas oficiales del Gobierno, ante la preocupación de que información sensible pueda terminar en plataformas que no cuentan con las garantías de seguridad y regulación requeridas.
La medida no implica que se haya vetado toda herramienta de inteligencia artificial. El personal podrá seguir utilizando servicios aprobados, como Microsoft Copilot, aunque bajo controles de seguridad más estrictos. Además, un grupo limitado de empleados conservará acceso a ChatGPT y Claude mediante una plataforma especial para asistentes de IA, según indicó el Gobierno.
El riesgo de usar herramientas no autorizadas
Mikael Wettercrantz, director de información (CIO) y de digitalización, advirtió que el uso de herramientas de IA no aprobadas —una práctica que puede formar parte de la llamada «IA en la sombra»— podría tener consecuencias para la seguridad de la información de Suecia.
La decisión se produce después de que una revisión de las herramientas utilizadas por empleados de la Administración Sueca de Transporte detectara usos problemáticos de plataformas de IA en tareas oficiales. Uno de los riesgos señalados es que, sin un contrato empresarial adecuado y las protecciones correspondientes, los datos ingresados en un chatbot puedan compartirse con el proveedor y almacenarse para entrenar sus sistemas.
La falta de acuerdos empresariales también puede dificultar la auditoría del uso de estas herramientas y plantear dudas sobre la protección de datos. Esto resulta especialmente relevante cuando la información se procesa fuera del Espacio Económico Europeo y queda sujeta a otras jurisdicciones.
Antecedentes de restricciones a la IA
La medida se suma a la restricción previa de DeepSeek para el trabajo gubernamental en Suecia, motivada por preocupaciones relacionadas con la privacidad y el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
En Estados Unidos también se han impuesto restricciones a productos y servicios vinculados con DeepSeek. Entre las inquietudes mencionadas figuran las posibles implicaciones de las leyes chinas sobre el acceso a los datos, así como advertencias del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense sobre posibles vulnerabilidades de seguridad.
El caso sueco refleja un desafío cada vez más presente para las instituciones públicas: aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial sin exponer datos confidenciales ni perder visibilidad sobre cómo se procesan. Para ello, las organizaciones necesitan definir qué herramientas están autorizadas, establecer controles claros y ofrecer alternativas seguras al personal.
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