
Los registros de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos (BLM, por sus siglas en inglés) muestran que actualmente se evalúan 35 solicitudes relacionadas con centros de datos en terrenos públicos. La cifra, recopilada por el Center for Western Priorities, vuelve a poner el foco en la rapidez con que avanzan algunos proyectos y en las reglas de autorización aplicables a estas iniciativas.
Según la organización, el proceso para desarrollar centros de datos en terrenos públicos puede ser menos riguroso que los procedimientos habituales en otras jurisdicciones y, en algunos casos, permitir que los proyectos eviten determinadas revisiones ambientales. De las 35 solicitudes identificadas, 17 corresponden a campus de centros de datos y otras 13 a infraestructura destinada a respaldar centros de datos de inteligencia artificial.
## Proyectos que abarcan miles de acres
Algunas propuestas tienen una escala considerable. El Center for Western Priorities destacó una solicitud de Valar Atomics para un desarrollo de 9.000 acres destinado a un centro de datos de IA, que funcionaría con pequeños reactores nucleares modulares.
Copia, por su parte, presentó 16 propuestas de emplazamiento e infraestructura en cinco estados. Una de ellas cubriría 2.520 acres cerca de Las Vegas.
«Algunas de estas propuestas superan ampliamente el tamaño de un centro de datos típico», señaló la organización. Lauren Bogard, subdirectora del Center for Western Priorities, sostuvo que, a diferencia del petróleo, el gas o los minerales, los centros de datos no dependen de recursos naturales que necesariamente deban extraerse de terrenos públicos. Por ello, argumentó, no debería darse por sentado que esas instalaciones deban construirse allí.
Bogard también pidió que el Gobierno solicite la opinión del público antes de considerar este tipo de proyectos y que establezca un marco de autorización que permita a las comunidades participar en las decisiones sobre dónde y cómo se construyen. Según la organización, ese proceso debería incluir evaluaciones ambientales específicas para cada emplazamiento, oportunidades significativas de participación pública y acuerdos que garanticen beneficios para las comunidades cuando empresas privadas obtengan ganancias de terrenos públicos.
## Crece la oposición local
La expansión de los centros de datos de IA ha encontrado resistencia en distintas comunidades del país. Entre las preocupaciones planteadas por residentes figuran los posibles efectos ambientales, el ruido, el consumo de agua —especialmente en zonas afectadas por la sequía— y el impacto que la demanda energética podría tener en los precios.
Un informe de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, publicado en octubre, destaca los posibles beneficios económicos de estos desarrollos. Según el documento, la construcción de un solo centro de datos podría respaldar 5.200 empleos, aportar 680 millones de dólares a la economía estatal y generar otros 400 millones de dólares anuales en ingresos personales durante una fase de construcción de dos años.
Sin embargo, esas cifras corresponden principalmente al periodo de construcción. Una vez finalizada la obra, muchos de esos puestos desaparecen: aunque la construcción requiere una gran cantidad de trabajadores, las operaciones cotidianas suelen necesitar un equipo comparativamente reducido.
La oposición local también ha llevado a algunos promotores a ofrecer pagos a los residentes a cambio de apoyo. El presidente Donald Trump ha sugerido que las empresas podrían proporcionar una especie de «dividendo» a las comunidades para ganarse su respaldo. Estas propuestas, no obstante, también han suscitado críticas y preguntas sobre si los pagos representan beneficios comunitarios duraderos o simplemente buscan facilitar la aprobación de los proyectos.
A medida que más solicitudes avanzan por el proceso de la BLM, la transparencia, la revisión ambiental y la participación de las comunidades serán aspectos centrales del debate sobre el uso de terrenos públicos para centros de datos.
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