Un nuevo proyecto de ley denominado Ban Flock Act ha sido presentado en el Congreso, impulsado por los Senadores Bernie Sanders y Jeff Merkley, junto a la Repartiente Alexandria Ocasio-Cortez. Aunque su nombre sugiere una prohibición específica sobre las cámaras de Flock, el texto va más allá y establece restricciones para todos los lectores automáticos de matrículas (ALPRs). En esencia, la iniciativa propone impedir que agencias federales adquieran, posean, accedan o hagan uso de cualquiera de estos dispositivos, con excepciones que podrían ser aprobadas por el Congreso y, entre ellas, el cobro de peajes. En caso de obtener dichas exenciones, la retención de datos estaría limitada a 48 horas.

El alcance del proyecto es federal, lo que significa que los estados y las autoridades locales podrían seguir invirtiendo en sistemas ALPR con fondos propios. Si bien el gobierno central retiraría el financiamiento, en la práctica estas cámaras podrían ser prohibidas a ese nivel; sin embargo, su uso por empresas privadas y por asociaciones de residentes seguiría siendo permitido.

Qué podría ocurrir después: el proceso legislativo requiere que el proyecto mine en comités y obtenga aprobación en la Cámara y el Senado. Aún si avanzara, las probabilidades de que se convierta en ley antes de que termine la actual sesión del Congreso en enero son bajas, dadas las estructuras de poder y el calendario. En este sentido, el Ban Flock Act funciona más como una declaración de intención y opinión que como una perspectiva de implementación inminente. Ya existen otros dos proyectos similares en comité que aún no han mostrado progreso significativo.

La reacción pública ha sido diversa: en foros y redes sociales se discute que las leyes deberían ir más allá de los ALPRs y que, en general, hay un apoyo amplio para una regulación mucho más estricta o incluso una prohibición de estos sistemas de vigilancia.

La nota de prensa que acompaña al proyecto enfatiza el aspecto de privacidad. “No podemos permitir que Estados Unidos se convierta en un estado de vigilancia”, afirma Sanders, señalando usos pasados indebidos de las cámaras y de los datos que recogen, incluidos casos de agentes de policía que han utilizado lectores de matrículas para rastrear parejas sentimentales. En conjunto, el texto busca situar el tema de la vigilancia como una cuestión de derechos civiles y privacidad, más allá de la mera tecnología involucrada.

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