La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (AP) impuso a Uber una multa de 825 millones de euros (962 millones de dólares) por la forma en que la empresa utilizó sistemas automatizados para suspender cuentas de conductores en Europa. Este caso subraya una preocupación central de la normativa de la Unión Europea: las decisiones que afectan de forma significativa a las personas no deben depender exclusivamente de algoritmos sin supervisión humana.

La cuestión clave es que perder el acceso a Uber puede impedir de inmediato que los conductores ganen dinero a través de la plataforma. Por ello, los reguladores consideraron que el asunto debía encajar en el Artículo 22 del GDPR, que restringe la toma de decisiones automatizada cuando tiene un impacto significativo en los individuos. En este sentido, la sanción representa la segunda multa más alta del GDPR hasta la fecha, solo por detrás de la sanción de 1,2 mil millones de euros impuesta a Meta en 2023.

Un golpe de 825 millones de euros al GDPR

Aunque la multa se impuso en 2026, se refiere a prácticas comerciales entre 2018 y 2022, periodo en el que Uber utilizó software para evaluar el comportamiento de los conductores y las opiniones de los clientes antes de restringir automáticamente cuentas sospechosas. Según los informes, los sistemas de Uber señalaban a conductores por desvíos innecesarios para inflar precios a los clientes o por aceptar viajes sin la intención de completarlos —razones que, en retrospectiva, podrían parecer razonables para ser investigadas.

Sin embargo, los reguladores neerlandeses se centraron en el hecho de que las decisiones se tomaban enteramente por computadoras y algoritmos sin aprobación humana, lo que podría provocar la pérdida de medios de subsistencia. ‘‘Una computadora no debe tomar decisiones por sí sola cuando estas tienen consecuencias tan importantes’’, señalaron las autoridades.

Aunque Países Bajos lideró la investigación debido a que la sede europea de Uber está allí, el caso tiene su origen en una queja de 2020 de LDH (Liga de los Derechos Humanos) en Francia, que representó a 171 conductores de Uber.

Uber sostiene que las suspensiones por fraude fueron, en su mayoría, de corta duración y que las suspensiones permanentes de cuentas no se realizaron sin revisión humana. La empresa anunció su intención de apelar, afirmando que no están de acuerdo con la decisión ni con la magnitud de la multa. En declaraciones citadas por Reuters, la firma expresó: “No estamos de acuerdo con esta decisión y la multa desproporcionada”.

Este caso refuerza el debate global sobre el equilibrio entre la eficiencia de los sistemas automatizados y la protección de los derechos de las personas ante decisiones que pueden cambiar sustancialmente su situación económica y su continuidad laboral.

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