
El Gobierno británico podría revisar sus objetivos de ventas de vehículos de cero emisiones en un momento clave para la transición eléctrica. La posibilidad ha generado preocupación entre empresas del sector, organizaciones climáticas y representantes políticos, que advierten de que dar marcha atrás podría perjudicar la confianza de consumidores e inversores.
## Una meta en entredicho
El mandato británico de vehículos de cero emisiones (ZEV) establece que los eléctricos deberían representar el 52 % de las nuevas ventas en 2028, el 80 % en 2030 y el 100 % en 2035, cuando está prevista la eliminación progresiva de los vehículos nuevos con motor de combustión.
Sin embargo, el sector automovilístico considera que el ritmo actual podría ser difícil de alcanzar. Aunque los coches eléctricos de batería representaron el 32 % de las matriculaciones nuevas en octubre, Mike Hawes, director ejecutivo de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), ha advertido de que el apoyo necesario para sostener la transición no puede prolongarse indefinidamente. La organización prevé que los eléctricos alcancen una cuota del 37,5 % en 2028, por debajo del objetivo oficial.
Algunas voces de la industria piden revisar el mandato y, según informaciones del sector, el Gobierno laborista podría flexibilizar su postura en las próximas semanas. Caroline Lucas, exdiputada y miembro del Partido Verde, ha calificado una posible marcha atrás de «una decisión verdaderamente terrible en un momento verdaderamente terrible».
## El coste de dar marcha atrás
Las consecuencias potenciales no se limitarían a las emisiones. Un análisis de Carbon Brief estima que debilitar los objetivos podría costar a los consumidores británicos 3.000 millones de libras al año en 2030. La razón es que, según ese análisis, los vehículos eléctricos pueden resultar más de 1.000 libras anuales más baratos de mantener que los coches de gasolina o los híbridos enchufables.
También estaría en juego la inversión ya comprometida en puntos de recarga, cadenas de suministro de baterías y proveedores de componentes. Energy UK sostiene que el mandato actual está funcionando según lo previsto y lo describe como el principal impulsor de la reducción de emisiones dentro de los planes climáticos del Gobierno.
La incertidumbre política puede complicar además las decisiones de compra. Los posibles cambios en los objetivos, junto con la prevista introducción de un impuesto por kilómetro para los conductores de vehículos eléctricos en 2028, podrían enviar señales contradictorias a quienes valoran cambiar de coche.
## La recarga pública también podría encarecerse
A esta incertidumbre se suma el posible aumento del precio de la recarga pública. Zest, empresa proveedora de puntos de carga, advierte de que las tarifas podrían superar las 1 libra por kilovatio hora el próximo año debido al encarecimiento de los cargos fijos que los operadores pagan por conectarse a la red.
En un centro urbano de recarga de Zest en Birmingham, la electricidad y los costes de red ya representan 48 peniques de los 58 que se cobran por kilovatio hora antes del IVA. Quedan apenas 10 peniques para cubrir los demás gastos del servicio.
La compañía afirma que solicitudes de acceso a información pública indican que el Tesoro conoce el problema desde hace tiempo. Ahora, sostiene, corresponde al regulador Ofgem intervenir. No obstante, las propuestas para reducir los cargos fijos llevan tres años en debate sin que se hayan aplicado cambios.
Robin Heap, fundador de Zest, ha descrito estos cargos de red como una carga desproporcionada para los conductores de vehículos eléctricos. También ha advertido de que las especulaciones sobre una posible relajación del mandato ZEV transmiten una señal negativa a las empresas que invierten millones en la electrificación del transporte británico.
## La necesidad de una hoja de ruta clara
El Gobierno debe equilibrar las dificultades de los fabricantes con la necesidad de mantener una transición previsible. Pero la falta de claridad puede perjudicar tanto a quienes estudian comprar un vehículo eléctrico como a las empresas que deciden dónde invertir.
Una hoja de ruta estable, acompañada de medidas para contener los costes de recarga, ayudaría a dar confianza al mercado. Sin ella, el Reino Unido corre el riesgo de prolongar la incertidumbre, frenar inversiones y hacer que el coste de conducir aumente para todos.
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