
Meta advirtió a los senadores canadienses que el proyecto de ley C-22 podría obligar a las empresas tecnológicas a elegir entre cumplir las exigencias de acceso legal a las comunicaciones y mantener la seguridad del cifrado de extremo a extremo. La compañía también señaló que podría considerar retirar algunos de sus servicios del país antes que debilitar la protección de sus usuarios.
La advertencia se produjo durante una comparecencia ante el Comité Permanente del Senado sobre Seguridad Nacional, Defensa y Asuntos de Veteranos. Representantes de Signal y Tailscale también expusieron sus objeciones a la iniciativa, conocida como Ley de Acceso Legal.
Meta cuestiona la viabilidad técnica
Robyn Greene, directora de privacidad y políticas públicas de Meta, dijo a los senadores que el Gobierno canadiense estaría imponiendo una norma que, en su opinión, no puede cumplirse sin comprometer la seguridad de los servicios cifrados de extremo a extremo.
Rachel Curran, responsable de políticas públicas de Meta en Canadá, no descartó que la empresa retirara servicios como WhatsApp. Afirmó que Meta tendría que revisar todas sus opciones y confirmó que abandonar el mercado canadiense sería una de ellas. La compañía ha descrito el debilitamiento de la seguridad como una línea que no está dispuesta a cruzar.
Qué plantea el proyecto de ley C-22
Una de las principales preocupaciones de empresas tecnológicas y defensores de la privacidad se centra en la parte del proyecto que permitiría emitir órdenes ministeriales confidenciales para exigir a proveedores de servicios electrónicos que habiliten el acceso de las autoridades. La iniciativa también contempla la posibilidad de obligar a conservar ciertos metadatos, como registros de conexión y direcciones IP, durante un máximo de seis meses.
Los críticos sostienen que crear una vía de acceso para las autoridades puede introducir riesgos que también podrían aprovechar delincuentes y actores extranjeros. Aunque el Gobierno incorporó cambios para prohibir órdenes que exijan una «vulnerabilidad sistémica», las empresas consideran que el alcance de esa protección no está suficientemente claro.
Una oposición creciente en el sector tecnológico
Meta no es la única compañía que ha expresado inquietud. Google ha advertido sobre el posible impacto de la ley en el cifrado de extremo a extremo; Apple ha planteado riesgos para la seguridad de sus clientes, y Signal ha dicho que preferiría dejar Canadá antes que modificar su protocolo para debilitarlo. También se han manifestado proveedores de VPN y organizaciones de derechos digitales.
El debate enfrenta dos objetivos importantes: facilitar las investigaciones policiales y de inteligencia, y proteger la privacidad y la seguridad de las comunicaciones digitales. Para los proveedores, la cuestión es si pueden responder a las solicitudes legales sin crear vulnerabilidades que afecten a todos los usuarios.
El proyecto superó la Cámara de los Comunes en junio y ahora está ante el Senado. La revisión del comité representa una etapa clave antes de una posible aprobación. Las empresas tecnológicas esperan que las objeciones conduzcan a cambios en el texto; el resultado podría definir cómo se equilibran en Canadá el acceso legal a los datos y la protección del cifrado.
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