El Gobierno británico se ha comprometido a establecer límites legales más estrictos para el uso policial del reconocimiento facial en tiempo real (LFR), una tecnología que analiza rostros captados por cámaras y los compara al instante con bases de datos policiales.
La ministra de Policía, Sarah Jones, anunció que se definirán nuevos «parámetros y principios» para regular su utilización. La medida llega después de una consulta pública concluida a comienzos de este año, en la que, según Jones, muchas personas expresaron apoyo a la tecnología como herramienta contra el delito, aunque también reclamaron mayores garantías de privacidad y seguridad.
Jones sostuvo que el reconocimiento facial debe emplearse de manera proporcional y guiada por información de inteligencia. También señaló que su uso debería contar con supervisión y no extenderse a infracciones menores: como ejemplo, dijo que una multa de estacionamiento pendiente no justificaría recurrir a este sistema.
## Cómo funciona y dónde se utiliza
El LFR escanea rostros en espacios públicos y los compara con imágenes de personas incluidas en bases de datos policiales, entre ellas personas desaparecidas y sospechosos buscados. Según la policía, cada posible coincidencia debe ser verificada por una persona y los datos de quienes no generan una coincidencia se eliminan de inmediato.
La Policía Metropolitana afirma que el despliegue de estas cámaras ha contribuido a más de 3.000 detenciones durante los últimos dos años. Hasta ahora, la tecnología se ha utilizado habitualmente desde unidades móviles, pero existen planes para instalar cámaras fijas en algunas zonas del West End y Soho, en Londres.
## Privacidad, supervisión y uso indebido
Los grupos de defensa de la privacidad cuestionan tanto la escala del sistema como sus posibles efectos sobre quienes no son sospechosos de ningún delito. Big Brother Watch ha calificado la expansión de esta tecnología como una medida intrusiva y ha advertido que puede someter a millones de personas a un escaneo sin su consentimiento.
Jasleen Chaggar, responsable jurídica y de políticas de la organización, describió el reconocimiento facial como «una herramienta indiscriminada» y sostuvo que su uso plantea tensiones con el principio de presunción de inocencia. También criticó que, según la organización, las respuestas a la consulta pública tardaran meses en recibir una respuesta mientras la tecnología seguía extendiéndose en espacios como estaciones, comercios y redes de transporte.
La transparencia y el control del acceso a las cámaras serán aspectos centrales del debate. Las directrices policiales recomiendan anunciar públicamente los despliegues de LFR, salvo ante una amenaza crítica. Además, experiencias en Estados Unidos con otros sistemas de vigilancia han suscitado preocupación por posibles fallos de seguridad y usos indebidos por parte de personas con acceso a las imágenes.
El compromiso del Gobierno abre la puerta a un marco común para decidir cuándo y cómo pueden utilizarse estas herramientas. El reto será equilibrar su posible utilidad en investigaciones y prevención del delito con garantías claras de proporcionalidad, supervisión independiente, protección de datos y rendición de cuentas.
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