Una reducción del respaldo legislativo podría modificar la manera en que el presidente de Estados Unidos impulsa su agenda interna y exterior. Ante mayores dificultades para aprobar leyes en el Congreso, la Casa Blanca podría recurrir con más frecuencia a las facultades ejecutivas para avanzar en prioridades que no requieren una nueva legislación. Ese cambio también podría sentirse en la relación con América Latina, especialmente en materia de seguridad, migración y comercio.

Las órdenes ejecutivas y otras medidas administrativas permiten orientar acciones de distintas agencias federales dentro de los límites establecidos por la ley. Pueden ofrecer al gobierno una vía más rápida para fijar prioridades, aunque su alcance y permanencia suelen depender de la autoridad legal disponible, de eventuales impugnaciones judiciales y de las decisiones de administraciones posteriores. Por ello, un mayor uso de estas herramientas no garantiza resultados duraderos, pero sí puede cambiar con rapidez el tono y la aplicación de la política estadounidense.

En seguridad, la Casa Blanca podría intensificar la cooperación con gobiernos de la región en asuntos como el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y las redes criminales transnacionales. Esto podría traducirse en mayores exigencias de intercambio de información, controles fronterizos y coordinación operativa. Para los países latinoamericanos, el desafío sería conciliar esa cooperación con sus propias prioridades, sus marcos legales y la protección de los derechos humanos.

La migración sería otro eje central. Si el margen legislativo se estrecha, el gobierno podría buscar cambios mediante instrucciones administrativas y una aplicación más estricta de las normas vigentes. Al mismo tiempo, podría aumentar la presión diplomática sobre los países de origen, tránsito y destino para que colaboren en la contención de los flujos migratorios, la recepción de personas deportadas o la gestión de solicitudes de protección. La viabilidad de esas medidas dependería tanto de sus fundamentos legales como de la disposición de los gobiernos implicados a cooperar.

En el ámbito comercial, la política ejecutiva también ofrece herramientas para revisar prioridades y utilizar instrumentos ya autorizados por el Congreso. Washington podría vincular con mayor énfasis el acceso a determinados beneficios comerciales con compromisos relacionados con seguridad, migración o cumplimiento de acuerdos. Sin embargo, cualquier decisión tendría que considerar las reglas comerciales aplicables y sus posibles efectos en las cadenas de suministro, la inversión y el empleo a ambos lados de la frontera.

Para América Latina, un giro de este tipo supondría una combinación de oportunidades y riesgos. Una mayor atención de Washington podría abrir espacio para acuerdos de cooperación y financiamiento, pero también elevar el costo político y económico de no alinearse con sus prioridades. Los gobiernos de la región tendrían incentivos para coordinar posiciones, fortalecer sus capacidades institucionales y negociar compromisos que respeten sus intereses nacionales.

La pérdida de respaldo legislativo, por sí sola, no determina el rumbo de la política exterior estadounidense. Sí puede, no obstante, aumentar el atractivo de las herramientas ejecutivas y acelerar decisiones con impacto regional. La respuesta latinoamericana dependerá de su capacidad para anticipar esos cambios, sostener el diálogo diplomático y construir acuerdos que atiendan preocupaciones compartidas sin reducir la relación a una dinámica de presión unilateral.
from Wired en Español https://ift.tt/5n30IKQ
via IFTTT IA