La expansión de los agentes de inteligencia artificial autónomos está haciendo más urgente una pregunta que el Reino Unido lleva tiempo aplazando: ¿quién controla realmente los datos y la infraestructura de los que depende el país?

Los incidentes en los que sistemas de IA han actuado de forma imprevisible —incluidos casos relacionados con datos sensibles y actividades potencialmente dañinas— han reavivado el debate sobre la supervisión de estas herramientas. También han puesto de relieve los riesgos de construir servicios esenciales sobre plataformas que el país no controla plenamente.

Según la investigación de mercado de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), Amazon y Microsoft concentran entre el 70 % y el 90 % del mercado británico de servicios en la nube. Google también es un proveedor relevante. Esta concentración plantea cuestiones de competencia, resiliencia y soberanía, especialmente a medida que empresas y organismos públicos trasladan más cargas de trabajo de IA a estas plataformas.

Algunos proveedores promocionan sus centros de datos ubicados en el Reino Unido como una garantía de soberanía. Sin embargo, la ubicación física de los servidores, por sí sola, no determina quién puede acceder a los datos ni bajo qué marco jurídico se gestionan. Si la empresa que controla la infraestructura está sujeta a leyes extranjeras, como la estadounidense CLOUD Act, pueden surgir obligaciones legales de acceso que merecen una evaluación cuidadosa.

Por eso, almacenar información en territorio británico no equivale necesariamente a tener control soberano sobre ella. Las organizaciones deben analizar quién administra los sistemas, qué jurisdicciones pueden ser aplicables y cuánto control conservan sobre sus datos, claves de cifrado y operaciones.

## El coste oculto de depender de pocos proveedores

La dependencia de grandes plataformas extranjeras tiene un coste que va más allá de la factura mensual. Puede incluir tarifas por extraer datos, dificultades para migrar sistemas, dependencia de tecnologías propietarias, limitaciones contractuales y una menor visibilidad para las auditorías. Una vez que los servicios críticos se integran profundamente en una plataforma, cambiar de proveedor puede resultar complejo y caro.

Una encuesta citada en el debate sobre la nube en el Reino Unido indica que el 66 % de los responsables de tecnología consideraría cambiar de proveedor para recuperar el control de sus datos e infraestructura. Sin embargo, la proporción de quienes prevén una mayor integración con los grandes proveedores estadounidenses también habría aumentado, del 12 % al 28 %. Esta aparente contradicción refleja una realidad habitual: las organizaciones pueden querer más autonomía y, al mismo tiempo, encontrar barreras prácticas para conseguirla.

La confianza de los consumidores también está en juego. Un estudio de Proton Research señala que el 45 % de los consumidores evitaría hacer negocios con empresas que almacenan datos en compañías estadounidenses, mientras que el 58 % estaría dispuesto a pagar más por recurrir a un proveedor soberano. Estas cifras apuntan a una oportunidad para las empresas capaces de ofrecer garantías claras y verificables sobre el tratamiento de la información.

La dependencia concentrada puede, además, aumentar la exposición a interrupciones. Según los datos citados en el artículo original, el 39 % de las empresas británicas sufrió durante el último año interrupciones relacionadas con proveedores estadounidenses de nube; para algunas, el impacto económico y operativo superó el millón de libras. A medida que crecen las cargas de trabajo de IA, una migración cada vez más difícil puede agravar el riesgo.

## Riesgos jurídicos y de seguridad

Los agentes de IA pueden acceder a bases de datos, propiedad intelectual y datos personales para ejecutar tareas automatizadas. Cuando operan dentro de ecosistemas controlados desde el extranjero, las organizaciones deben considerar no solo la privacidad, sino también la continuidad del servicio, la jurisdicción aplicable y la capacidad de responder ante una disputa o un cambio de política.

Por ejemplo, un organismo sanitario que dependa de un agente de IA alojado en una plataforma extranjera debería evaluar qué ocurriría si se interrumpiera el acceso al servicio. ¿Podría continuar la atención? ¿Estarían disponibles los historiales clínicos? ¿Existe un plan de contingencia y una alternativa operativa? Son preguntas que conviene resolver antes de delegar funciones esenciales.

La concentración de servicios en una sola plataforma también crea puntos de fallo comunes. Las interrupciones provocadas por problemas técnicos, incidentes de seguridad o daños físicos a instalaciones demuestran que la infraestructura en la nube no es invulnerable. Una estrategia resiliente requiere diversificación, redundancia y planes de recuperación probados, no solo confianza en la disponibilidad anunciada por un proveedor.

## Una vía británica hacia la independencia digital

Reducir la dependencia de proveedores extranjeros no implica renunciar a la nube global ni aislar al país. Los grandes proveedores pueden ser adecuados para aplicaciones de bajo riesgo y necesidades específicas. La cuestión es asegurar que las decisiones sobre servicios sensibles tengan en cuenta la soberanía, la resiliencia y la capacidad de cambiar de proveedor.

La iniciativa británica de inteligencia artificial soberana, anunciada con una inversión de 500 millones de libras, indica que el Gobierno reconoce la importancia de desarrollar capacidades propias. Para que ese objetivo se traduzca en resultados, la contratación pública también debe respaldar a proveedores nacionales y evitar que el gasto en tecnología consolide dependencias de largo plazo sin evaluar alternativas.

Los estándares abiertos y el software de código abierto pueden contribuir a esa flexibilidad. Si los datos y las aplicaciones se diseñan para funcionar con distintos proveedores, migrar entre nubes públicas, privadas y locales resulta más viable. Esto reduce el riesgo de quedar atrapado en un ecosistema cerrado y puede limitar los costes de transición.

Otros países europeos ya exploran alternativas soberanas y abiertas para algunos servicios públicos. El Reino Unido cuenta asimismo con empresas tecnológicas y talento capaces de contribuir a una infraestructura propia. Una encuesta mencionada en el debate indica que el 90 % de los responsables de tecnología apoya una postura gubernamental más activa en favor de las compañías británicas.

## Recuperar capacidad de decisión

El desarrollo de agentes autónomos hace necesario revisar cómo se gestionan los datos y la infraestructura crítica. Construir servicios esenciales sobre sistemas que una organización no puede gobernar ni abandonar con facilidad puede debilitar su capacidad de respuesta ante cambios legales, comerciales o geopolíticos.

El Reino Unido puede aprovechar las capacidades de los proveedores globales sin renunciar a desarrollar alternativas nacionales. Para ello necesita una contratación pública que valore la interoperabilidad, la seguridad y la continuidad; inversiones sostenidas en empresas locales; y arquitecturas abiertas que permitan mover datos y aplicaciones cuando sea necesario.

La soberanía digital no consiste simplemente en dónde se encuentran los servidores. Consiste en conservar una capacidad real de decidir cómo se gestionan los datos, quién puede acceder a ellos y qué opciones existen si las condiciones cambian. Apoyar la tecnología británica y reducir la dependencia de plataformas cerradas son pasos importantes para proteger esa capacidad.

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