Reino Unido estudia un «pacto» para que los centros de datos beneficien a las comunidades locales



El Gobierno británico está considerando exigir a los promotores de centros de datos que contribuyan a las comunidades donde se construyan. La propuesta, que podría formar parte de un «pacto» sobre inteligencia artificial (IA), busca que la expansión de esta infraestructura genere beneficios tangibles para la población local, además de impulsar los objetivos tecnológicos del país.

Entre las posibles medidas figuran inversiones en infraestructuras locales o pagos a los residentes. También se estudian criterios de sostenibilidad y acuerdos sobre el uso de la energía. Por ahora, no se han definido los detalles del pacto ni el tipo de contribución que se exigiría a los promotores.

## Una estrategia para impulsar la IA británica

El Reino Unido aspira a convertirse en una potencia mundial en inteligencia artificial, pero para alcanzar esa meta necesita ampliar su capacidad de centros de datos. El proceso se enfrenta a obstáculos: retrasos en la planificación, largas listas de espera para conectarse a la red eléctrica y dificultades en el suministro de equipos y cableado.

La disponibilidad de energía ya ha afectado a proyectos concretos. Microsoft, por ejemplo, abandonó sus planes de residencia en el centro de datos más grande previsto en el país después de conocer que la instalación no tendría conexión a la red hasta principios de la década de 2030.

El ministro británico de IA, Kanishka Narayan, ha defendido que los promotores deben poder construir infraestructura en el Reino Unido, especialmente en sectores como la IA, que pueden impulsar el crecimiento y generar ingresos para los servicios públicos. También ha señalado que el desarrollo tecnológico no debería beneficiar únicamente a empresas extranjeras y grandes fortunas, y ha descrito la iniciativa como una forma de dar a la IA británica un enfoque «distintivamente laborista».

Los promotores que cumplan los criterios del pacto podrían recibir prioridad para acceder a la red eléctrica y beneficiarse de procesos de aprobación urbanística más rápidos. A cambio, las comunidades podrían obtener recursos para financiar servicios e infraestructura local.

El Gobierno ya ha designado varias zonas como «AI Growth Zones» o zonas de crecimiento de IA. En ellas, las empresas pueden acceder a tarifas energéticas preferentes en áreas con excedente de energía —por ejemplo, donde hay una importante producción renovable—, mientras que las autoridades locales pueden conservar la totalidad de los ingresos adicionales por impuestos empresariales generados por los nuevos proyectos.

## La oposición local pone el foco en los beneficios

La propuesta no surge únicamente de los objetivos económicos del Gobierno. En distintas partes del Reino Unido, los proyectos de centros de datos han encontrado una oposición considerable, alimentada por la preocupación de que su impacto sobre el territorio y los recursos locales no se compense con beneficios claros para los residentes.

En Auchtertool, en Fife, Escocia, un proyecto de 600 MW ha recibido más de 1.600 objeciones. Si se construyera, se convertiría en uno de los centros de datos más grandes del mundo. En septiembre, el Parlamento escocés también respaldó una moratoria de facto para los centros de datos de hiperescala.

En el norte de Gales, los planes para levantar una instalación de 450 MW en el terreno de una antigua fábrica han generado igualmente resistencia. El emplazamiento lleva abandonado desde 2008, pero los residentes sostienen que la propuesta no garantiza beneficios sostenibles y concretos para la zona. Una petición en línea contra el proyecto ha superado las 26.000 firmas.

El reto para el Gobierno será conciliar la rapidez necesaria para desarrollar infraestructura digital con las inquietudes de quienes viven cerca de los proyectos. Un pacto que establezca compromisos transparentes sobre energía, sostenibilidad e inversión comunitaria podría ayudar a acercar ambas prioridades. Sin embargo, su eficacia dependerá de que las contribuciones prometidas sean verificables y respondan a las necesidades reales de cada localidad.

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