Rusia está preparando una nueva ronda de reglas antifraude, denominada Anti-Fraud 3.0, que reduciría de forma considerable el número de personas autorizadas para vender tarjetas SIM. Las propuestas reservarían la registro de números a distribuidores directos y exigirían que las nuevas tarjetas SIM lleguen sin fondos cargados antes de firmar los contratos.

Si se adopta, las medidas podrían cambiar la forma en que los ciudadanos obtienen números móviles y podrían disminuir la utilidad de las tarjetas prepago en esquemas fraudulentos.

Rusia podría reducir notablemente el número de vendedores de SIM

Los empresarios individuales, que actualmente actúan como intermediarios entre operadores y clientes, perderían la posibilidad de gestionar acuerdos de suscripción. Una estimación del sector indica que estos intermediarios podrían representar aproximadamente la mitad de las compras físicas de tarjetas SIM en Rusia.

El cambio podría afectar a miles de puntos de venta minoristas, lo que podría dificultar la obtención de números móviles en ciertas regiones. T2, uno de los operadores de telefonía móvil, ha argumentado que requisitos más estrictos para intermediarios podrían funcionar mejor que eliminar por completo este modelo, ya que la empresa afirma que ya verifica identidades y activa números solo tras completar los procedimientos correspondientes.

La propuesta también obligaría a los operadores a emitir tarjetas SIM nuevas sin fondos preasignados en las cuentas asociadas. Los clientes tendrían que establecer el acuerdo de servicio antes de añadir fondos, creando un registro vinculado al pago eventual. El Ministerio de Finanzas de Rusia señala que este enfoque busca facilitar la trazabilidad de números adquiridos con fines fraudulentos a través de la actividad de pago. “Estas medidas impedirán el uso frauduloso de números prepago o de números obtenidos mediante la identidad de otra persona”, indicó.

Una saldo cero podría dejar a los estafadores con menos opciones anónimas

El ministerio argumenta que los números prepago permiten a los delincuentes obtener servicios de comunicación, utilizarlos y desecharlos después de su uso. Bajo el nuevo plan, las tarjetas SIM no vendrían con fondos de bonificación. Incluso si el saldo libre se mantiene en la SIM, el usuario deberá realizar una compra para activar esos fondos. Exigir a los clientes que añadan dinero tras firmar su acuerdo de servicio podría generar registros de pagos que los investigadores pueden revisar en casos de fraude.

Los pagos realizados a través de terminales o puntos de venta podrían generar registros que ayuden a las autoridades a vincular transacciones con usuarios individuales. El paquete propuesto también contempla exigir información identificable del remitente para mensajes de texto masivos, y la inclusión de detalles inexactos podría activar la terminación del contrato. Además, se plantea prohibir llamadas automáticas realizadas únicamente para verificar si ciertos números siguen activos. Los propietarios de sitios web y aplicaciones móviles podrían enfrentarse a requisitos para conservar registros de registro y de inicio de sesión durante tres años, que estarían disponibles para la aplicación de la ley cuando sea necesario.

Sin embargo, ya existe un marco que obliga a los operadores a verificar a los clientes antes de activar números, tras cambios en la normativa de comunicaciones introducidos a principios de 2025. T2 y Beeline señalan que sus clientes no pueden usar números recién obtenidos antes de completar la verificación de identidad requerida por la ley. Eso significa que el requisito de saldo cero añadiría otro control, más que limitar la identificación en sí misma.

El Ministerio de Finanzas ha dejado claro que Anti-Fraud 3.0 sigue en proceso de trabajo, y que las recomendaciones de la industria aún se están considerando antes de que las autoridades tomen una decisión definitiva.

Fuente: 1.ru