Las autoridades locales australianas continúan tomando medidas para restringir el uso de gafas inteligentes en espacios públicos, tras el anuncio del gobierno federal de prohibir su uso en lugares de trabajo, centros de servicios y edificios gubernamentales. En este marco, la City of Sydney se ha sumado a otras ciudades para implementar prohibiciones en áreas de alto tránsito público y convivencia con la ciudadanía. El alcance de estas medidas varía según la jurisdicción, pero existe una tendencia clara hacia la restricción de dispositivos que pueden grabar o retransmitir imágenes sin consentimiento expreso.

La City of Sydney, que abarca una población de aproximadamente 240,000 personas dentro del distrito central de negocios y suburbios cercanos, es la última autoridad local en imponer la prohibición. La medida afecta piscinas públicas, gimnasios, centros de cuidado infantil, bibliotecas y edificios municipales, con un plan para actualizar señalética y guías de cumplimiento. El portavoz de la ciudad señaló que hay una política vigente sobre dispositivos de grabación, incluida la prohibición de grabación sin consentimiento y restricciones en vestuarios y otras zonas de las instalaciones acuáticas. También se reforzaron las Condiciones de Entrada, publicadas en línea y visibles en las pantallas de recepción, para proteger contra grabaciones no consentidas, con referencias específicas a las gafas inteligentes. Los empleados responderán ante comportamientos que contravengan estas normas, con posibilidad de remitir la situación a la policía cuando sea necesario.

En una declaración separada, el gobierno de Australia Occidental anunció que desde el inicio del próximo periodo escolar, el 12 de octubre, se prohibirá que estudiantes, docentes, padres y contratistas usen o almacenen gafas inteligentes en las instalaciones escolares. La ministra de educación, Sabine Winton, subrayó que la seguridad de estudiantes y personal es la prioridad y que esta medida busca un enfoque preventivo y de sentido común, dado que estos dispositivos se vuelven más accesibles y pueden impactar negativamente la privacidad y el bienestar de las personas.

El concejal de la City of Sydney, Matthew Thompson, añadió que habrá excepciones para quienes utilicen las gafas como dispositivos de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva. Thompson destacó que, en el extranjero, se han registrado casos de acoso y grabación sin consentimiento, y expresó su preocupación por que situaciones similares ocurran en Australia. En ese marco, se propone un veto a las gafas y a otros dispositivos de grabación wearable en piscinas, bibliotecas, centros de cuidado y otros espacios municipales.

Además, Thompson ha pedido al gobierno federal la imposición de un veto a la importación de estas gafas inteligentes hasta que se fortalezcan las leyes de privacidad y se implementen estándares claros a nivel nacional. Argumenta que existen dispositivos de bajo costo que están saturando el mercado y que la carga de abordar este problema no debería recaer exclusivamente en los gobiernos locales.

El debate público sobre las consecuencias de las gafas inteligentes se ha intensificado por preocupaciones de seguridad y privacidad. El término no oficial de \’gafas de pervertidos\’ se ha utilizado en algunos círculos para describir el potencial de acoso y grabación de la población sin consentimiento. Un estudio de la University of Sydney, basado en 350 vídeos publicados en Instagram que fueron grabados con gafas inteligentes, encontró que aproximadamente el 60% podrían clasificarse como acoso hacia una o varias personas. Estas preocupaciones se han reflejado también en otros países, con prohibiciones similares en tribunales de Inglaterra, Gales y Nueva York, así como restricciones para empleados de ICE en Estados Unidos.

Este conjunto de medidas sugiere una tendencia hacia la creación de marcos regulatorios más consistentes para el uso de tecnologías de grabación en espacios públicos y de acceso público. Si bien las prohibiciones son específicas de cada jurisdicción, el tema de fondo—protección de la privacidad, seguridad personal y evitar la grabación no consentida—se mantiene como eje central de las políticas futuras en Australia y en otros países que estudian o implementan restricciones similares.

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