La Red de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) ha publicado recientemente una alerta y un análisis de datos complementario dirigido a bancos, cooperativas de crédito, plataformas de exchange de activos digitales y firmas de valores. El objetivo: mejorar la calidad y la profundidad de los reportes cuando se detectan centros de estafa que operan a gran escala contra ciudadanos estadounidenses. Este movimiento subraya la necesidad de una recogida de información más precisa y estructurada, que permita trazar el itinerario de las estafas a lo largo de múltiples instituciones y etapas.

Entre los hallazgos de FinCEN se destaca que, según su mecanismo de reporte, las pérdidas totales asociadas a sospechas de estafas con inversiones en activos digitales ascienden a aproximadamente 12,7 mil millones de dólares desde septiembre de 2023 hasta finales de 2025. Sin embargo, este monto podría estar sujeto a sobreestimaciones debido a la doble contabilización y a la inclusión de transacciones tanto exitosas como intentadas, así como de informes entrantes y salientes que a veces describen las mismas operaciones, generando solapamientos significativos.

Una de las novedades más visibles es la introducción de una nueva palabra clave de informe de actividad sospechosa: FIN-2026-SCAMCENTERS. Con esta etiqueta, las instituciones deben indicar que un centro de estafa podría estar involucrado. Además, FinCEN solicita el registro de información detallada de las estafas, como registros de chat, números de teléfono de estafadores, identificadores de redes sociales, direcciones de billetera, hashes de transacciones y las URL a las que las víctimas fueron dirigidas, todo ello en campos estructurados de indicadores cibernéticos, en lugar de dejarlos fuera.

La intención es clara: que las instituciones compartan más información para trazar con mayor claridad el itinerario de las estafas. En muchos casos, los estafadores coordinan sus ataques a través de varias entidades; un solo informe puede no capturar la secuencia completa. Por ejemplo, una plataforma de intercambio de criptoactivos podría ver a un cliente comprar USDT y enviarlo fuera de la plataforma, un banco podría registrar una transferencia hacia ese intercambio, y una correduría podría constatar la liquidación de una cuenta de jubilación. Si estas piezas se conectan, se obtiene una visión completa del fraude, lo que facilita la identificación de patrones y la intercepción de flujos de fondos.

Sin embargo, la realidad es que algunos indicadores de rendimiento y recuperación de activos son limitados. El programa de Respuesta Rápida de FinCEN ha intervenido aproximadamente 1,8 mil millones de dólares y recuperado poco más de 1 mil millones para 5.790 víctimas estadounidenses desde 2015. Estas cifras, al compararse con los totales señalados, muestran la dificultad de recuperar fondos y la necesidad de mejorar la trazabilidad desde el inicio de las prácticas fraudulentas. Este desafío se enmarca en un problema estructural mayor: las instituciones suelen detectar estos esquemas una vez que el dinero ya se ha movido, y reportarlos de forma correcta y exhaustiva podría no generar dividendos proporcionales frente a un sector que ha crecido, a su vez, hasta convertirse en un motor multimillonario que opera con relativa impunidad.

El marco normativo de FinCEN también forma parte de una estrategia más amplia relacionada con la Ley Patriota (US Patriot Act). Se busca que las instituciones reporten más información para contrarrestar una creciente inteligencia criminal: los estafadores tienden a encadenar transacciones a través de varias entidades, dificultando la trazabilidad si cada actor solo aporta una pieza aislada del rompecabezas. Al vincular adecuadamente la información, se facilita la identificación de posibles estafas y se evita que las investigaciones se limiten a fragmentos, perdiéndose la imagen completa de origen y destino de los fondos.

En este contexto, la conversación pública alrededor de FinCEN también ha destacado la necesidad de inversiones en capacidades analíticas, cooperación entre entidades y mejoras en la calidad de datos. Instituciones y reguladores deben trabajar conjuntamente para transformar una red de reportes dispersos en un mapa integral de riesgos, capaz de anticipar movimientos y desarticular redes de estafa antes de que el daño sea irreparable.

En última instancia, este esfuerzo no solo busca medir el daño, sino también convertir la información reportada en acciones concretas que protejan a los usuarios y reduzcan la exposición de la población a esquemas fraudulentos cada día más sofisticados.

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