Una revisión reciente de las autoridades de Boston ha generado un debate intenso sobre el uso de cámaras de reconocimiento de matrículas y el papel de Flock en la seguridad pública. Este artículo ofrece un resumen profesional de los hallazgos clave y las implicaciones para la privacidad.

El informe de 2025, que detalló un piloto realizado en la ciudad ese año, indica que Flock compartió datos con agencias externas de aplicación de la ley a pesar de un acuerdo que establecía que dicha compartición debía permanecer desactivada. La compañía confirmó esta condición. Como resultado, las autoridades de la ciudad y el departamento de policía se comprometieron a no utilizar más las cámaras de Flock en el futuro. Sin embargo, este resultado no se interpreta necesariamente como una victoria total para los defensores de la privacidad, ya que Boston ya ha iniciado pilotos con dos rivales de Flock: una prueba de Motorola desde febrero y otra de Axon desde junio, lo que podría significar un cambio a otro servicio de Reconocimiento Automático de Matrículas (ALPR).

Además, la controversia se ha visto alimentada por información obtenida por hackers que reveló que las cámaras de Flock no se limitan a detectar solo matrículas. Analizando datos cifrados, los atacantes encontraron que las cámaras también pueden detectar personas y bicicletas, e incluso aislar pegatinas específicas. Este hallazgo es particularmente inquietante porque la extracción de datos se realizó a partir de una cámara física, lo que implica que alguien con las habilidades adecuadas podría desmantelar un equipo y acceder a una parte sustancial de la información almacenada en el dispositivo.

¿Existe una forma correcta de usar ALPR? Para muchos, la respuesta es negativa; no obstante, para los defensores de la tecnología, existen prácticas razonables que pueden reducir el abuso. Entre ellas se destacan: limitar el uso automático de datos a otras agencias, restringir el acceso de los agentes, exigir que cada solicitud de datos tenga un número de caso asociado y una justificación para cada consulta. Los defensores argumentan que estos controles ayudan a evitar abusos y a garantizar un uso con fines legítimos. Sin embargo, recientes informes han puesto en tela de juicio algunas de estas salvaguardas. De hecho, investigaciones de la Electronic Frontier Foundation (EFF) señalan que en algunos casos las razones proporcionadas por los oficiales para acceder a los datos incluían expresiones como “LMAO”, “idk lol” o “TBD”, o incluso respuestas aleatorias en el formulario, lo que subraya debilidades en la implementación de las políticas.

Para mitigar estos riesgos, algunos municipios han recomendado exigir una orden de búsqueda para cada consulta, además de mejoras en la transparencia y en la supervisión. Aunque la retirada de las cámaras podría parecer la solución más directa, la práctica de cambiar a otros proveedores de ALPR sugiere que el problema podría moverse, no desaparecer, si no se abordan las preocupaciones de fondo sobre la privacidad y el control de acceso.

En resumen, el caso de Boston subraya una tensión continua entre el uso de tecnología avanzada para la seguridad y la necesidad de salvaguardar la privacidad. A medida que las ciudades evalúan futuras implementaciones, será crucial vigilar no solo la retención y el intercambio de datos, sino también las capacidades técnicas de las cámaras y la claridad de las políticas de uso.

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