La Justicia de Estados Unidos ha iniciado un proceso legal contra Huawei, con la acusación de robo de secretos comerciales de cinco empresas estadounidenses. El Departamento de Justicia sostiene que la corporación llevó a cabo una campaña prolongada de robo durante un periodo de dos décadas, y que las admisiones del director financiero Meng Wanzhou podrían utilizarse como evidencia en el juicio.

Huawei, que se define a sí misma como propiedad de sus empleados y, a diferencia de muchas multinacionales chinas, no está bajo control estatal directo, ha negado todas las acusaciones de espionaje industrial, propiedad intelectual y otras irregularidades. Los cargos señalan conductas de robo de secretos y malversación de propiedad intelectual de empresas como T-Mobile US, Cisco Systems, Motorola, CNEX Labs y Akhan Semiconductor.

En la exposición inicial, el fiscal del DOJ, Taylor Stout, afirmó: “Durante 20 años… Huawei, una gran compañía de telecomunicaciones china, victimiza a empresas americanas y abusa del sistema financiero estadounidense, todo con el fin de dominar la industria de telecomunicaciones a nivel mundial.” En defensa, el equipo de Huawei sostiene que se trata de innovación y competencia legítima: “Huawei ha ganado su éxito. Se trata de competencia, no de conspiración. Innovación, no robo. Negocios ordinarios, no conducta delictiva.”

¿A quién ha espiado Huawei?

La atención pública se centra en las acusaciones de espionaje industrial, con menciones de empresas como T-Mobile US, Cisco Systems, Motorola, CNEX Labs y Akhan Semiconductor. Aunque el tono de la administración estadounidense hacia China es firme, se han realizado concesiones en este caso, incluido el uso de evidencias relacionadas con Meng Wanzhou, cuya acusación fue retirada en su momento, pero cuya declaración podría emplearse como prueba.

El historial de Huawei también incluye vínculos con Skycom, una empresa que supuestamente intentó vender tecnología vetada a un negocio iraní, lo que subraya preocupaciones sobre conductas controvertidas en el pasado. A diferencia de otros conglomerados chinos, Huawei no es una empresa controlada por el Estado; pertence de forma total a sus trabajadores. Esta estructura reduce, en la teoría, las probabilidades de que exista una intervención estatal directa en las decisiones corporativas.

El proceso está previsto que tenga una duración aproximada de tres meses, tras ocho años desde que se inició la investigación, y las partes esperan el desarrollo de testigos y evidencias durante el juicio.