Un coalición de organizaciones de privacidad está instando a la Unión Europea a intervenir frente a Canadá y su Bill C-22, conocido también como la Ley de Acceso Legal. El proyecto de ley podría obligar a empresas tecnológicas europeas a debilitar el cifrado y a retener metadatos de usuarios. Esta iniciativa llega tras una amplia resistencia en Canadá por parte de gigantes tecnológicos y proveedores de VPN, que advierten sobre los riesgos para la seguridad y la privacidad global.

En su esfuerzo por salvaguardar el cifrado de extremo a extremo, defensores de derechos digitales piden a la Comisión Europea que intervenga. Organizaciones como Access Now, junto con una coalición de grupos civiles europeos, han publicado una carta abierta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros altos cargos para que actúen. El documento advierte que Bill C-22 no es solo un asunto doméstico: sus mandatos de retención de datos y requisitos de vigilancia podrían comprometer la privacidad de millones de personas en todo el mundo.

Para usuarios que dan prioridad a la seguridad de mensajería o que emplean VPNs para proteger su vida digital, las implicaciones son significativas. Si se aprueba, Bill C-22 podría facultar a las autoridades canadienses para exigir de manera encubierta a empresas con sede en Europa que debiliten la seguridad de sus productos, sin los mecanismos de supervisión y transparencia necesarios.

Namrata Maheshwari, líder de Política de Cifrado Global en Access Now, advierte que este proyecto podría normalizar poderes de vigilancia excesivos y transformar “dispositivos que funcionan para las personas” en herramientas que trabajan en su contra. Señala además que se deben tomar medidas para evitar que se convierta en ley.

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¿Qué está en juego para Europa? Aunque se perciba como una cuestión canadiense, Bill C-22 podría aplicarse extraterritorialmente a proveedores cuyas plataformas son usadas por personas en Canadá, y podría extenderse incluso a proveedores sin usuarios canadienses si pertenecen a un grupo corporativo con actividad en el país. Expertos señalan que una orden secreta de un ministro canadiense podría requerir a una empresa europea que debilite la seguridad de productos usados en la UE, lo que equivaldría a una puerta trasera para vigilancia masiva. En este contexto, los defensores sostienen que Europa no debe permanecer en silencio y debe declarar públicamente que medidas que debiliten la encriptación son incompatibles con los derechos fundamentales de la UE, especialmente cuando la UE y Canadá negocian un Acuerdo de Comercio Digital.

Con la revisión del Bill C-22 por el Senado canadiense prevista para concluir a más tardar en octubre de 2026, el tiempo para que la UE ejerza presión se está agotando.

La resistencia frente a Bill C-22 ha sido fuerte. Empresas tecnológicas de alto perfil han advertido que las “puertas traseras” no pueden existir de forma segura. Google, por ejemplo, ha unido su voz a la oposición, argumentando que la ley podría romper la encriptación de extremo a extremo. En paralelo, las herramientas de privacidad líderes como Signal, Apple y varios VPN de renombre han manifestado su compromiso con mantener infraestructuras sin registros y, de ser necesario, abandonar Canadá para no comprometer a sus usuarios. Estos esfuerzos subrayan una postura internacional unificada: introducir vulnerabilidades sistémicas para la vigilancia policial facilita que actores maliciosos exploten las debilidades.

Si Canadá avanza con la legislación en su estado actual, podría aislar a sus ciudadanos de servicios digitales globalmente seguros. En este contexto, se observa una creciente colaboración entre defensores de la privacidad y empresas tecnológicas para salvaguardar la integridad de las comunicaciones y los datos a escala mundial.

Este análisis destaca la necesidad de un enfoque coordinado entre la Unión Europea y otras democracias para defender estándares de cifrado fuertes y proteger la libertad digital frente a intentos de ampliación de poderes de vigilancia. La discusión continúa a medida que se acercan fechas clave y debates públicos sobre el alcance transfronterizo de las políticas de seguridad.

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