La Confederación suiza ha iniciado un programa piloto para evaluar la viabilidad de abandonar Microsoft 365 en favor de alternativas de código abierto. El primer grupo de evaluación abarca 3,000 dispositivos, de un total estimado de 54,000 equipos en el sector público, con la intención de mover alrededor del 7% de las máquinas hacia soluciones abiertas para finales de 2027. La chancellery ha confirmado el objetivo y subraya que este esfuerzo no implica una migración abrupta ni una eliminación total de M365, sino una implementación paralela de soluciones de código abierto para evitar interrupciones en el trabajo cotidiano de las oficinas gubernamentales.

Una prueba de concepto anterior, cuyos detalles se han publicado recientemente, involucró a 172 empleados federales que evaluaron el software alemán openDesk para procesamiento de documentos y correo electrónico. Este experimento refuerza la estrategia de buscar alternativas locales y soberanas, con un énfasis claro en reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de compañías con sede en Estados Unidos, frente a tensiones geopolíticas actuales.

La motivación central de la migración no es necesariamente una postura antimanufactura de Microsoft, sino una apuesta por la soberanía digital. En este sentido, la legislación y el marco regulatorio de servicios en la nube de EE. UU. pueden permitir a autoridades estadounidenses acceder a información del gobierno suizo; por ello, y por pertenecer Microsoft a una firma estadounidense, la revisión de su plataforma 365 ha sido objeto de análisis dentro de la estrategia de alto nivel.

No obstante, Suiza no es la única nación que explora alternativas abiertas; Francia y Alemania han promovido iniciativas semejantes para disminuir la dependencia de grandes proveedores de tecnología. En respuesta a estas condiciones, Microsoft ha anunciado inversiones para alinear sus servicios con requisitos de soberanía suizos. En 2025, la compañía comunicó una inversión de 400 millones de dólares en Suiza para ampliar su infraestructura de nube e inteligencia artificial, con foco en clientes gubernamentales, financieros y del sector salud.

El proyecto en curso, que cubre 3,000 dispositivos, tiene un coste estimado de 11,1 millones de dólares, financiado a través de iniciativas pro-soberanía. Este programa piloto representa un paso estratégico para reforzar la autonomía tecnológica del Estado y evaluar con rigor los beneficios y desafíos de las soluciones de código abierto en el entorno gubernamental.

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