
Taiwán está intensificando la presión sobre empresas tecnológicas con propiedad china ocultada que operan en su territorio, como parte de una estrategia para proteger su robusta industria de semiconductores. El enfoque de las autoridades subraya la importancia de la transparencia y la seguridad económica en un entorno geopolítico cada vez más complejo.
Según informes de la Oficina de Investigación de la Fiscalía de Justicia (MJIB), desde 2020 se han investigado 166 casos relacionados con indicios de propiedad china oculta, con 36 condenas, de las cuales 33 estuvieron vinculadas a investigación, desarrollo o diseño de semiconductores. Aunque la ley taiwanesa no prohíbe operar a empresas de origen chino en la isla, sí exige aprobación gubernamental bajo la Ley de Contactos Continentales. El ocultamiento de propiedad china ha sido utilizado como una táctica para eludir dichas restricciones, lo que ha llevado a un escrutinio más estricto por parte de las autoridades.
Empresas chinas apuntadas por operar ilegalmente en Taiwán
Un informe de Rest of World señala que muchas firmas chinas involucradas en estas investigaciones establecieron compañías pantalla en terceros países o registraron sus negocios con nacionales no chinos, para presentarse como entidades taiwanesas o, en general, como entidades no chinas. Este contexto se desarrolla en medio de una geopolítica tensa: China impulsa una mayor autosuficiencia en semiconductores ante restricciones estadounidenses y, paralelamente, se ha reportado una captación de ingenieros taiwaneses a salarios significativamente más altos que la media local.
Taiwán concentra más del 60% de la producción global de semiconductores y fabrica aproximadamente nueve de cada diez de los procesadores más avanzados del mundo. Por ello, la presunta captación de talento taiwanés por parte de empresas chinas es especialmente relevante. Según la MJIB, el objetivo de estas captaciones es fortalecer capacidades críticas en un sector estratégico para la economía y la seguridad tecnológica de Taiwán.
En un conjunto de casos relacionado, la MJIB también ha investigado 67 expedientes en los que se sospechaba de robo de secretos comerciales taiwaneses. Entre las empresas mencionadas en los informes figuran nombres conocidos tanto en el mercado chino como en el escenario global, entre ellos Xiaomi, OnePlus, Oppo y la Corporación de Fabricación de Semiconductores de China (SMIC).
Las sanciones reportadas abarcan multas que oscilan entre aproximadamente 3.800 y 800.000 USD, así como penas de hasta tres años de prisión. Estas cifras reflejan la seriedad con la que Taiwán aborda las vulnerabilidades en su ecosistema de alta tecnología y refuerzan la necesidad de marcos regulatorios claros para salvaguardar la propiedad intelectual y la competitividad de la industria local.
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