En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, los gobiernos buscan formas de integrarla en la vida diaria de sus ciudadanos sin dejar que el costo sea una barrera. Corea del Sur está llevando esta idea a un nivel audaz: propone poner a disposición de todos los ciudadanos acceso gratuito a servicios de IA general, tratándolos como una infraestructura nacional básica más que como suscripción premium.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur ha seleccionado tres consorcios, liderados por SK Telecom, KT y Kakao, para el programa AI for All. La iniciativa busca ofrecer acceso libre e ilimitado a servicios de IA de propósito general basados principalmente en modelos nacionales, con pruebas piloto antes de un lanzamiento completo previsto para finales de 2026. El gobierno proporcionará 512 GPUs Nvidia B200 este año y planea subvencionar los costos operativos a nivel nacional a partir de 2027.

Aunque suena a una competencia pública de ChatGPT, las ambiciones surcoreanas van mucho más allá. Los servicios deben evolucionar hacia agentes capaces de ayudar a los ciudadanos a encontrar programas gubernamentales, presentar solicitudes, realizar reservas y pagos, y realizar otras tareas. A largo plazo, la aspiración es, en efecto, contar con un agente de IA por cada ciudadano.

Numerosas dimensiones de este proyecto podrían atraer la atención internacional, pero su valor real tal vez no resida en ofrecer un chatbot gratuito, sino en su enfoque sistémico para la prestación de servicios públicos mediante IA.

Mucho más que un chatbot

Corea del Sur sostiene que, si la IA llega a ser tan central como se predice, la capacidad de pagar entre 20 y 30 dólares mensuales por los mejores modelos podría convertirse en una limitación importante. Las versiones gratuitas ayudan, pero sus límites, características y continuidad dependen de decisiones privadas. El gobierno identifica este riesgo y propone una alternativa pública basada en modelos nacionales, con al menos la mitad de servicios basados en tecnología local. Además, se busca ampliar el acceso a la IA mientras se apoya a los desarrolladores nacionales y se reduce la dependencia de plataformas extranjeras.

Según Nik Kairinos, CEO de RAIDS AI, la iniciativa se sostiene sobre un principio defendible: el acceso a la IA no debe depender de la capacidad de pago, y una nación se fortalece al desarrollar su propia capacidad. Sin embargo, advierte sobre quién responde si un agente público funciona mal: ¿el organismo gubernamental que lo encargó, la empresa que lo construyó, o ambos? Los ciudadanos no eligen a su proveedor y pueden desconocer cuál es, lo que plantea cuestiones de responsabilidad y confianza.

La visión no es únicamente una respuesta tecnológica, sino una cuestión de seguridad y gobernanza de datos. En los planes se indica que las empresas participantes deben desarrollar modelos de negocio, con ejemplos de uso de datos de indicación de demanda para sostener la gratuidad. Esto subraya la necesidad de salvaguardas fuertes sobre cómo se utilizan los datos de los usuarios, qué se trainan y con qué fines comerciales.

Combinando IA con servicios públicos

El planteamiento de Corea del Sur no se limita a un chatbot universal. Las estrategias apuntan a integrar IA con servicios ya existentes, como call centers gubernamentales, trámites de beneficios, asistencia fiscal, reservas y creación de documentos. En lugar de que el objetivo sea un chatbot autónomo de uso general, la visión es que la IA reduzca la fricción en interacciones con la administración y mejore la eficiencia de los procesos públicos, justificando el gasto público como una mejora de servicios para ciudadanía.

En público, Kakao planea incorporar el servicio en KakaoTalk; KT propone un agente que abarque servicios públicos, educación, finanzas y compras; y SK Telecom apunta a agentes telefónicos y por texto para usuarios reacios a usar apps o sitios web. Se vislumbran ecosistemas similares en otros países: GOV.UK Chat en el Reino Unido, la plataforma VICA en Singapur y proyectos de chat público en Francia, con un argumento común: la IA como servicio público útil para la ciudadanía, no una excepción de lujo para usuarios que pueden pagar.

Política de privacidad para la libertad

El desafío aparece cuando un asistente deja de guiar a los ciudadanos hacia servicios y empieza a actuar en su nombre. Describir incorrectamente un beneficio es problemático; aplicar, cancelar o realizar pagos en nombre de alguien es un nivel de fallo distinto. Como señala Kairinos, cuando un agente transacciona para un ciudadano dentro de servicios públicos, la responsabilidad y la trazabilidad deben ser mayores que en un sistema que solo responde preguntas. Y la gente debe saber qué hizo el sistema, por qué y con qué datos trabajó.

La discusión sobre datos sensibles es crucial: información sobre salud, ingresos, familia y finanzas podría compartirse entre servicios públicos y usos comerciales si no se establecen salvaguardas claras. Los ciudadanos deben poder acceder a servicios esenciales sin ceder derechos de privacidad que afecten su información personal o su exposición comercial. Si la IA se convierte en parte del aparato gubernamental, las protecciones de privacidad deben parecerse más a las de los expedientes públicos que a los términos y condiciones de una app de consumo.

El plan admite que los participantes desarrollarán modelos de negocio que podrían incluir el uso de datos de indicación recopilados durante la prestación de servicios. Esto subraya la necesidad de límites robustos y transparencia en torno al uso de datos, el consentimiento y la posibilidad de revisión humana de decisiones sensibles.

Utilidad pública, no ChatGPT para todos

Corea del Sur podría demostrar que el acceso universal a la IA es una buena idea y que una versión gratuita para todos podría requerir un replanteamiento. Según expertos, la verdadera oportunidad es reducir la fragmentación y centrarse en capacidades básicas: búsqueda, traducción, resumen, llenado de formularios y ayuda en servicios públicos. Así, la responsabilidad de gobernanza se mantiene en el ámbito público, mientras la competencia privada impulsa avances en servicios más sofisticados.

La visión fragmentada, integrada en múltiples plataformas y sectores, es probablemente más realista y defendible que una arquitectura monolítica de “el chat definitivo”. La prioridad es garantizar que nadie quede fuera de la atención a la salud, los beneficios o los trámites fiscales por falta de acceso a herramientas de IA.

Si el plan surcoreano funciona, podría ofrecer un marco para convertir la IA en un servicio digital básico, con salvaguardas claras y una separación entre lo público y lo privado que permita a la tecnología avanzar sin sacrificar la confianza ciudadana. En ese sentido, otros países podrían inspirarse en el principio más que en el producto concreto: la IA como utilidad pública que fortalece la ciudadanía y la administración, no como un lujo privativo.

En última instancia, Corea del Sur aborda la IA como una infraestructura de gobernanza y economía. Si el experimento tiene éxito, servirá como plantilla para que otros gobiernos diseñen sistemas de apoyo público que aprovechen las capacidades de la IA sin perder de vista la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la intimidad.

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