El uso de cámaras Flock para la lectura de matrículas ha generado una conversación creciente sobre eficiencia policial y derechos civiles. Recientes movimientos en Florida y Texas muestran un giro notable: por un lado, Florida retira las cámaras de las autopistas estatales; por otro, Texas congela temporalmente la financiación de estos sistemas. Al mismo tiempo, persisten preocupaciones sobre la privacidad y posibles usos indebidos.

No se trata solo de ciudadanos aislados que cuestionan la tecnología. Las autoridades estatales también están reconsiderando su dependencia de estos dispositivos para el monitoreo vial y la seguridad pública. En Florida, la retirada de los lectores de matrículas de las carreteras estatales implica un plazo de 30 días para que las agencias, incluidas Flock, se adecuen a la orden. El gobernador Ron DeSantis señaló que, si bien reconoce la utilidad de estos sistemas, le inquieta su posible mal uso y el destino de los datos recopilados, con frases que enfatizan la necesidad de evitar un estado de vigilancia digital generalizado.

Un memorando de la Florida Department of Transportation cita razones como “informes preocupantes de uso indebido, preocupaciones sobre la privacidad de los datos y esquemas de vigilancia” para justificar la medida. Investigaciones recientes señalan casos de agentes que operaban las cámaras fuera de su alcance autorizado, alimentando el debate sobre límites y supervisión.

Dinero público en Texas

Hacia Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó a las agencias estatales suspender la financiación de las cámaras Flock mientras aumenta la escrutinio sobre el programa. Desde 2023, se han instalado aproximadamente 3,200 lectores de matrículas en el estado. Abbott subrayó que estas herramientas deben utilizarse de forma responsable, si es que se emplean. En el último mes, varias oficinas policiales han informado sobre suspensiones, cargos o investigaciones relacionadas con posibles usos indebidos de las cámaras.

Investigaciones adicionales señalan que se han invertido alrededor de 30 millones de dólares de fondos públicos en la red Flock en Texas, con más financiamiento en observación antes de la pausa anunciada. Un jefe de policía local afirmó que estas cámaras son cruciales para interrumpir redes criminales, lo que destaca el permanente dilema entre seguridad y derechos individuales.

Por su parte, Flock ha tomado medidas para fortalecer la seguridad y la privacidad de su tecnología, como establecer un periodo de borrado predeterminado de siete días para los datos no involucrados en una investigación criminal. Aun así, el debate sobre la utilidad frente a la invasión a la intimidad continúa y promete continuar en el tiempo.

En definitiva, estas decisiones estatales subrayan una tendencia: la tecnología de vigilancia basada en IA y reconocimiento de matrículas no es neutra, y exige marcos claros de gobernanza, supervisión independiente y protección de datos para equilibrar la seguridad pública con las libertades civiles.

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