El crecimiento de la capacidad de los centros de datos impulsado por la inteligencia artificial está generando un intenso debate en Estados Unidos. Por un lado, las empresas de IA y de energía buscan ampliar la infraestructura necesaria para sostener el avance tecnológico; por otro, una porción significativa de la ciudadanía manifiesta preocupación por el impacto en su entorno inmediato y en su calidad de vida. Recientes encuestas indican que hasta 7 de cada 10 estadounidenses expresan oposición a la construcción de nuevos centros de datos en sus vecindarios, citando principalmente motivos ambientales y de bienestar local. En este contexto, se ha señalado que tanto las empresas energéticas como algunas entidades gubernamentales estarían considerando el uso de mecanismos de adquisición de tierras para facilitar estas infraestructuras críticas, destacando la posible aplicación de la figura de dominio eminente como último recurso ante la negativa de los propietarios a vender.

El dominio eminente, tradicionalmente reservado para proyectos de infraestructura esenciales como servicios públicos, transporte y, en el pasado, impactos de seguridad nacional, se ha convertido en un eje de debate cuando se trata de ampliar las redes de distribución eléctrica necesarias para alimentar los data centers. La idea es que estas instalaciones requieren líneas de transmisión dedicadas y conexiones de infraestructura que pueden cruzar terrenos privados; cuando los propietarios se niegan a vender, las autoridades pueden activar el uso de dominio eminente para asegurar el progreso del proyecto. En este marco, la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense garantiza a los propietarios una compensación justa, habitualmente basada en el valor de mercado de propiedades similares en la región.

Las estimaciones sobre el peso energético de los centros de datos son contundentes: se ha señalado que estos centros representaban entre el 10% y el 20% del consumo eléctrico de Estados Unidos en 2024, una cifra que ha crecido en años recientes. Algunos proyectos de construcción avanzan con un potencial de consumo que supera al de varias ciudades, como el campus Hyperion de Meta en Louisiana, cuyo uso de energía se prevé que triplique al de la ciudad de Nueva Orleans. A nivel regional, estados como Georgia han recurrido de forma más prolífica a mecanismos de dominio eminente para facilitar proyectos de expansión de transmisión, lo que, en la práctica, beneficia en mayor medida a grandes centros de datos. En Maryland, se han visto protestas de propietarios que denuncian que “No al dominio eminente para ganancias corporativas”.

Este pulso entre interés público, necesidad tecnológica y derechos de los propietarios ha convertido el tema en una cuestión que parece enfrentamiento entre la ciudadanía y el gobierno. Un análisis de la situación también ha señalado que la acumulación de riqueza por parte de grandes compañías de IA, sin una redistribución evidente de beneficios hacia la clase trabajadora, ha impulsado propuestas políticas, como la creación de un fondo soberano de IA que obligaría a algunas empresas a destinar parte de su stock para financiar proyectos que beneficien a los ciudadanos. En este sentido, voces políticas y analistas han pedido mecanismos que aseguren una distribución más equitativa de los resultados del progreso tecnológico.

El debate continúa a la espera de marcos regulatorios más claros y de una conversación más amplia entre empresas, comunidades locales y autoridades, con el objetivo de equilibrar la necesidad de innovación con la protección de los derechos y la calidad de vida de los residentes. Este tema, que mezcla aspectos de seguridad nacional, desarrollo económico, derechos de propiedad y sostenibilidad ambiental, exige un enfoque informado, transparente y participativo para avanzar de forma responsable.

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