Es cada vez más difícil mantener el anonimato en el mundo moderno, y en Estados Unidos podría volverse aún más complejo si las líneas anónimas, comúnmente conocidas como burner phones, desaparecen. Un borrador de propuesta presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sugiere que las operadoras y proveedores de VoIP deban recoger una serie de datos de cada cliente, incluyendo nombre, dirección, número de identificación emitido por el gobierno y un número de teléfono alternativo, antes de activar o renovar el servicio.

Más allá del curioso requisito de necesitar un número de teléfono para obtener un teléfono, esta medida podría significar el fin de los teléfonos prepago anónimos. Aunque es cierto que algunos casos pueden relacionarse con actividades delictivas, la FCC argumenta que estos cambios podrían ayudar a investigar fraudes, espionaje o operaciones de influencia que afectan la seguridad nacional. Sin embargo, existen numerosas razones legales por las que alguien podría necesitar un teléfono sin identificar, o simplemente no dispone de la documentación o la vivienda adecuada para cumplir con estos requisitos.

La propuesta también ha sido descrita como una “regímenes de recopilación de datos” que podría perjudicar a personas comunes y corrientes que no cometen delitos. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la American Civil Liberties Union (ACLU) advierten que esta medida podría impedir que personas en situaciones vulnerables obtengan una línea anónima por motivos de seguridad, como víctimas de violencia doméstica que no controlan su teléfono personal y necesitan llamar a un refugio, o jóvenes que buscan ayuda ante coerciones de terceros. En palabras de Sydney Saubestre, analista de políticas de la Center for Democracy and Technology, la propuesta es “desorientada y contraproducente” y sugiere que “los estadounidenses no deberían tener que sacrificar su privacidad porque la Comisión no ha explorado alternativas más focalizadas para frenar las llamadas no deseadas.”

Además de las víctimas, se estima que aproximadamente 15 millones de adultos en EE. UU. no poseen una licencia de conducir, y 2.6 millones carecen de identificación con foto emitida por el gobierno; para las personas sin hogar, cumplir con el requisito de una dirección podría convertirse en un obstáculo inalcanzable. Aquellos que valoran la privacidad también podrían oponerse, especialmente considerando incidentes anteriores de filtraciones de datos de cuentas de telefonía.

Muchos comentaristas en Reddit han alzado la voz contra una posible expansión de la vigilancia estatal, con mensajes que describen la propuesta como un paso hacia una “sociedad de vigilancia” y “un mundo orwelliano.”

En resumen, la propuesta no cuenta con popularidad y podría hacer más daño que beneficio. Queda por ver si la FCC reconsiderará su enfoque o si, por el contrario, avanzará hacia una regulación más estricta de las líneas anónimas. Este es un tema que seguirá alimentando el debate entre seguridad pública y derechos individuales a la privacidad.

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