Las acusaciones de que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lleva a cabo una campaña de espionaje de gran alcance contra activistas de izquierda plantean una cuestión seria: ¿cómo se supervisa el uso de las facultades de investigación del Estado cuando estas pueden afectar a la libertad de expresión y de asociación?

La comparación con las medidas represivas del FBI y la CIA contra movimientos por los derechos civiles y contra la guerra evoca episodios históricos ampliamente documentados. Pero una acusación de una campaña actual de espionaje requiere pruebas específicas: documentos, registros de vigilancia, testimonios corroborados, investigaciones periodísticas sólidas o conclusiones de organismos de supervisión. Sin esa evidencia, no es responsable presentar la afirmación como un hecho establecido.

Eso no significa que las preocupaciones deban descartarse. HSI cuenta con amplias responsabilidades de investigación, y el uso de herramientas de vigilancia por parte de agencias federales merece transparencia y control independiente, especialmente cuando puede afectar a personas que ejercen actividades políticas protegidas. La discusión pública debe examinar qué información se recopila, con qué autorización, durante cuánto tiempo se conserva y qué mecanismos existen para corregir abusos.

La historia estadounidense ofrece una advertencia clara: programas de vigilancia dirigidos a movimientos sociales han causado daños profundos cuando la supervisión fue débil y la disidencia se trató como una amenaza. Esa historia justifica un escrutinio riguroso, pero no sustituye la necesidad de verificar los hechos presentes.

Una evaluación responsable de las denuncias sobre HSI debería distinguir entre vigilancia confirmada, prácticas legales sujetas a debate y afirmaciones todavía no corroboradas. También debería buscar respuestas de la agencia, de sus organismos de supervisión y de las personas u organizaciones que presentan las acusaciones.

Proteger la seguridad pública y proteger las libertades civiles no son objetivos incompatibles. La confianza exige reglas claras, auditorías independientes y rendición de cuentas cuando se incumplen. Si existe una campaña dirigida contra activistas, debe probarse e investigarse. Si no existe evidencia suficiente, también debe decirse con claridad. En ambos casos, la transparencia es esencial.
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