El último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advierte que 2025 se posicionó como el segundo año con mayor número de eventos de agresión contra ambientalistas en la última década. Este hallazgo sitúa la defensa del territorio y la biodiversidad en un marco de creciente vulnerabilidad y plantea preguntas urgentes sobre la protección de quienes denuncian violaciones y gestionan recursos naturales.

La recopilación de CEMDA abarca incidentes ocurridos en diversas regiones y agrupa diversas tipologías de violencia: amenazas, hostigamiento, intimidación y, en algunos casos, ataques físicos. Aunque las cifras exactas requieren cautela, el informe señala un incremento en la intensidad y frecuencia de estas agresiones en varios estados, señalando que el año 2025 se ubica como el segundo año con más eventos de este tipo en la última década.

Los hallazgos permiten detectar patrones vinculados a tensiones por el uso de suelo y recursos naturales, donde proyectos extractivos, concesiones y megaproyectos pueden convertirse en detonantes de conflictos. El documento subraya que, detrás de cada incidente, hay fallas institucionales para proteger a las personas defensoras y permitir la vigilancia ciudadana de los impactos ambientales.

La impunidad y la falta de respuestas efectivas a las denuncias agravan la vulnerabilidad de estas comunidades. Sin medidas de protección adecuadas, las personas defensoras quedan expuestas a represalias que van desde la criminalización hasta el acoso sostenido, afectando su salud, su trabajo y su vida cotidiana. El informe invita a autoridades, empresas y sociedad civil a adoptar un enfoque preventivo y garantista.

Entre las recomendaciones clave se destacan:
– Fortalecer marcos legales y mecanismos de protección para defensoras y defensores ambientales, con protocolos claros de respuesta rápida.
– Garantizar la participación comunitaria en las fases de consulta y supervisión de proyectos, con estándares de transparencia y acceso a información.
– Mejorar la investigación, persecución y sanción de agresiones, asegurando independencia, recursos y coordinación entre fiscalía, ministerios públicos y agencias de protección.
– Crear y apoyar observatorios y redes de apoyo que registren incidentes, brinden asistencia legal y acompañamiento psicológico.
– Fomentar la cooperación internacional y la adopción de estándares de derechos humanos para la protección de defensores en escenarios de conflicto ambiental.

En suma, la protección de quienes defienden el ambiente es un componente esencial de la gobernanza ambiental y del desarrollo sostenible. Sin un ambiente seguro para la defensa de la verdad y la justicia, las democracias se quedan sin herramientas para gestionar de forma responsable los recursos y los riesgos ambientales.

Para lectores y responsables públicos, el camino es claro: convertir el miedo en responsabilidad institucional, priorizar la protección de defensores y convertir los hallazgos en políticas públicas concretas. Los medios de comunicación juegan un papel crucial para visibilizar casos, exigir respuestas y aportar a la construcción de un entorno en el que defender el ambiente no sea un acto de riesgo.
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