La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 15 años usar plataformas de redes sociales. Los legisladores evalúan ahora cómo evitar que los adolescentes utilicen VPN para eludir las restricciones. Este giro legislativo plantea preguntas sobre la protección de la infancia en el mundo digital, el papel de las plataformas y la capacidad de los gobiernos para hacer cumplir reglas en un ecosistema tecnológico en constante evolución.

El marco propuesto se presenta como una medida de protección ante riesgos como la exposición a contenido inapropiado, el acoso en línea y la presión de la imagen corporal. Sin embargo, también genera preocupaciones sobre la proporcionalidad, la libertad de acceso a la información y la privacidad de los menores y sus familias.

En términos prácticos, la ley podría requerir a las plataformas que verifiquen la edad de sus usuarios y que retiren el acceso a usuarios menores de 15 años. Los proveedores podrían enfrentarse a obligaciones de monitoreo y a futuras sanciones en caso de incumplimiento.

Uno de los grandes retos es la evasión de las restricciones a través de redes privadas virtuales o VPNs. Dado que los adolescentes suelen encontrar formas de sortear controles, los reguladores deben pensar en herramientas de verificación de edad robustas y en mecanismos para reducir el uso indebido sin invadir la privacidad. Esto podría incluir tecnologías de verificación de identidad, alianzas con proveedores de servicios de Internet y salvaguardas para evitar discriminación o bloqueo excesivo.

También hay que considerar el impacto en las familias y la educación mediática. Las políticas deben ir acompañadas de programas de alfabetización digital, apoyo a los padres y pautas claras para las escuelas. En lugar de enfocarse solo en la prohibición, es vital buscar un enfoque equilibrado que fomente un uso seguro y consciente de las redes sociales.

Mirando hacia el futuro, es posible que la discusión se intensifique. El caso francés podría inspirar debates comparables en otros países, mientras se evalúan soluciones menos intrusivas o más eficaces. En todo caso, la implementación requerirá un marco legal claro, recursos suficientes para la vigilancia y una evaluación continua de impacto para evitar efectos colaterales no deseados.

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