El restablecimiento de la conexión a Internet en Uganda ha permitido volver a conectarse, pero el acceso a redes sociales y plataformas de mensajería continúa limitado. Aunque la conectividad básica está disponible, las políticas que restringen la comunicación en línea siguen afectando a ciudadanos, empresas y periodistas. Según Proton VPN, su uso ha alcanzado un máximo histórico, lo que señala una demanda creciente de herramientas que preserven la privacidad y faciliten el acceso a la información cuando las plataformas quedan bloqueadas. Este fenómeno revela más que una simple estadística: es una señal de que la ciudadanía busca mantener canales de información seguros y contactos confiables ante restricciones técnicas y regulatorias. En este contexto, las experiencias de los usuarios varían desde la necesidad de gestionar la continuidad del negocio hasta la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Las implicaciones son visibles en diversos sectores. Para las empresas con operaciones en la región, las restricciones elevan costos, complican la coordinación entre equipos y exigen soluciones técnicas para mantener la productividad. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil deben adaptar sus flujos de trabajo para garantizar la seguridad de las comunicaciones y la veracidad de la información en un entorno de control de contenidos. En términos de políticas públicas, el replanteamiento de las reglas digitales puede favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, pero también plantea desafíos en relación con la libertad de acceso a la información. A modo de guía para lectores y organizaciones, algunas consideraciones prácticas incluyen evaluar proveedores de VPN con políticas de no registro y seguridad sólida, preparar planes de continuidad del negocio y fomentar un marco de derechos digitales que promueva la seguridad, la privacidad y la responsabilidad. En última instancia, la historia de Uganda ilustra una tensión entre conectividad y control: cuando el servicio de Internet está disponible, la libertad de expresarse y de informarse depende de decisiones políticas que deben ser observadas y debatidas por la sociedad civil y los actores del ecosistema digital.

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