En tiempos de protestas y debates acalorados, la búsqueda de información veraz y oportuna se convierte en una tarea de gran responsabilidad. El Ministerio de Seguridad, al pedir a los periodistas que eviten ubicarse entre “eventuales focos violentos” y el personal de seguridad, subraya una preocupación central: reducir riesgos para quienes realizan la cobertura y para las personas que transitan por las zonas afectadas. Este llamado, lejos de ser una limitación a la labor periodística, debe entenderse como una guía práctica para preservar la integridad de todos los actores involucrados, sin dejar de cumplir con el deber de informar.

Primero, es fundamental reconocer que la cobertura de protestas exige planificación y evaluación de riesgos. Los periodistas deben trabajar con protocolos de seguridad personal que incluyan evaluación de rutas, puntos de reporte y posibles zonas de choque. Contar con equipo adecuado, como casco, protección auditiva y protección ocular, puede marcar la diferencia ante incidentes improvisados. Asimismo, la coordinación con las autoridades y equipos de seguridad puede facilitar un flujo de información más seguro y fluido.

La indicación de evitar ubicarse entre focos violentos y personal de seguridad no implica censura ni desmedro de la función informativa. Por el contrario, apunta a minimizar el riesgo de que una escena de violencia se convierta en una amenaza directa para el operador de cámara, el periodista móvil o el equipo de redacción. En la práctica, esto se traduce en estrategias como:

– Mantener una distancia prudente respecto a posibles puntos críticos, sin perder la visión general de los hechos.
– Establecer rutas de salida claras y comunicarlas al equipo en tiempo real.
– Priorizar la cobertura desde zonas seguras que permitan observar, documentar y contextualizar sin exponerse innecesariamente.
– Compartir información con el público mediante actualizaciones constantes, mapas y enlaces a fuentes oficiales.

Además, la comunicación entre periodistas y personal de seguridad debe basarse en criterios de transparencia y cooperación. La seguridad no debe verse como una limitación operativa, sino como un marco de actuación que protege a los informadores, a las fuentes y a la ciudadanía, especialmente a quienes no participan de las protestas pero se ven afectadas por ellas. Un enfoque colaborativo facilita la obtención de datos fiables y reduce la posibilidad de malentendidos que podrían derivar en incidentes.

La labor informativa en contextos de protesta exige, además, rigor y responsabilidad editorial. Verificar información antes de compartirla, distinguir entre testimonios y hechos verificables, y evitar la difusión de rumores son prácticas esenciales para mantener la credibilidad periodística. En escenarios de alta tensión, una narración clara y contextualizada ayuda al público a comprender las causas del conflicto, las posiciones de las partes y las posibles vías de resolución.

Por último, es crucial recordar que la seguridad de los periodistas está intrínsecamente ligada a la salud democrática. Una prensa libre y bien protegida es un pilar para la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a información que permite a la sociedad evaluar políticas públicas, incluyendo reformas laborales. En este marco, las directrices de seguridad deben ser vistas como herramientas para fortalecer, no restringir, la misión informativa.

En resumen, la solicitud del Ministerio de Seguridad reorienta la cobertura hacia prácticas más seguras y eficaces. Con una preparación adecuada, un compromiso con la verdad y una cooperación estrecha con las autoridades, los periodistas pueden informar sobre las protestas de manera responsable, sin sacrificar la calidad o la veracidad de la información que la ciudadanía necesita para tomar decisiones informadas.
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