El año 2025 ha marcado un giro significativo en la dinámica de la explotación y el fraude. Según una estimación reciente, el uso de criptomonedas en la venta de seres humanos con fines de prostitución y estafa casi se duplicó. Estas cifras, aunque aún están bajo revisión, destacan una realidad en la que estas transacciones pueden realizarse a plena vista de reguladores y del público.

La combinación de rapidez, coste reducido y la posible percepción de anonimato relativo ha convertido a los criptoactivos en una herramienta atractiva para redes criminales. Sin embargo, el panorama no es homogéneo: existen esfuerzos crecientes para mejorar la trazabilidad de las transacciones, reforzar los marcos AML y KYC y reducir las oportunidades de uso indebido.

El impacto sobre las víctimas es grave. Más allá de la explotación misma, se agravan las barreras para buscar ayuda cuando la evidencia de fraude o coerción se transfiere a plataformas y fronteras diferentes. Es crucial que las víctimas cuenten con rutas de apoyo, reparación y acceso a asesoría legal y psicológica.

Qué deben hacer gobiernos, empresas y la sociedad: fortalecer regulaciones para que los intercambios y proveedores de servicios cripto implementen medidas de diligencia debida; promover herramientas de rastreo de blockchain; facilitar la cooperación internacional entre autoridades; y apoyar a las víctimas con servicios integrales y de largo plazo. La educación pública también juega un papel clave para reconocer señales de alerta y evitar caer en estas redes.

Conclusión: la subida observada en 2025 subraya la necesidad de respuesta coordinada y centrada en la protección de derechos humanos. A través de estándares internacionales más fuertes, cooperación transfronteriza y apoyo decidido a las víctimas, es posible reducir el uso indebido de las criptomonedas en estas actividades y fortalecer la responsabilidad de quienes cometen crímenes.
from Wired en Español https://ift.tt/tcAs92h
via IFTTT IA