En los últimos años, la instalación de centros de datos ha transformado la economía digital de México. Municipios que antes dependían de actividades agrícolas o industriales han recibido inversiones, empleo indirecto y mejoras en conectividad. Sin embargo, la misma visibilidad que acompaña al crecimiento tecnológico ha puesto de relieve un costo ambiental y social que no siempre se refleja en las cifras de marketing.

Este artículo analiza por qué la resistencia comunitaria ha ganado visibilidad y qué significan estas dinámicas para un desarrollo sostenible.

Impacto ambiental:
– Consumo de agua para enfriamiento. En zonas cálidas y con recursos hídricos sensibles, los centros de datos requieren volúmenes significativos de agua para sistemas de enfriamiento. Eso puede competir con usos agrícolas y domésticos, alterar cuencas y exigir nuevas infraestructuras de abastecimiento.
– Consumo de energía y emisiones. Aunque las operaciones buscan eficiencia, su demanda eléctrica es alta. El impacto ambiental depende de la calidad de la matriz energética local y de la posibilidad de gestionar la demanda mediante fuentes renovables y acuerdos de suministro sostenibles.
– Uso de suelo y biodiversidad. La expansión de centros implica ocupar terrenos que pueden ser estratégicos para la agricultura, la fauna local y la conectividad de cuencas. La construcción afecta el hábitat, la conectividad de especies y los flujos de agua subterránea.
– Ruido, tráfico e infraestructura. Las obras y la operación provocan ruidos, tránsito de vehículos de gran tamaño y presión en servicios urbanos. En algunos casos estas condiciones se perciben como una carga para barrios ya vulnerables.

Promesas incumplidas:
– Empleo y desarrollo local. Promesas de empleo directo y capacitación a la comunidad a menudo se perciben como promesas a medio plazo o se concentran en perfiles técnicos que demandan certificaciones específicas, con beneficios que no siempre llegan a las comunidades de mayor proximidad.
– Infraestructura y servicios. Se mencionan mejoras en vialidad, conectividad y servicios de barrio, pero los plazos se dilatan y algunos beneficios quedan fuera del alcance de los habitantes cercanos.
– Participación y transparencia. Los procesos de consulta y las decisiones sobre permisos a veces se perciben como insuficientes o limitados por acuerdos de confidencialidad, lo que dificulta el escrutinio público y la rendición de cuentas.

Resistencia y respuestas:
Las comunidades han organizado redes de vigilancia ambiental, han pedido información a las autoridades y han buscado alianzas con organizaciones civiles y académicas. Las herramientas digitales y las plataformas de transparencia permiten documentar impactos, exigir evaluaciones independientes y demandar mejoras en la gestión de los centros. Las respuestas de la sociedad civil buscan equilibrar la demanda tecnológica con derechos ambientales, derechos al agua y derechos de presente y futuro de las comunidades.

Hacia un marco de desarrollo sostenible:
– Transparencia y evaluación de impacto ambiental robusta. Es necesario exigir evaluaciones independientes, audiencias públicas efectivas y la publicación de datos de consumo, emisiones y planes de mitigación.
– Agua y energía con criterios estrictos. Establecer límites de consumo de agua para enfriamiento, monitoreo de cuencas y compromisos de energía 100 renovable para las operaciones futuras.
– Participación comunitaria real. Garantizar procesos de consulta previa y vinculante, con mecanismos de reparación y compensación cuando existan daños.
– Gestión de residuos electrónicos. Planes de reciclaje y gestión de desechos compatibles con la economía circular y con comunidades afectadas.
– Beneficios compartidos y gobernanza transparente. Publicación de contratos, fondos de desarrollo local y acuerdos de fortalecimiento de capacidades para residentes y comercios cercanos.

Conclusión:
La resistencia comunitaria es un recordatorio de que el progreso tecnológico debe convivir con el cuidado del entorno y con derechos de las comunidades. El camino hacia un desarrollo digital más justo pasa por escuchar, vigilar y construir acuerdos que materialicen beneficios reales sin despojar a quienes habitan los territorios donde se instalan los centros de datos.
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