Han pasado ya tres años desde que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó por completo el aborto hasta la semana 24 de gestación. Este momento se celebró como un gran avance en los derechos sexuales y reproductivos en toda Latinoamérica y, sin duda, fue uno de los mayores logros del movimiento feminista en el país. Sin embargo, la verdadera cuestión radica en cómo este triunfo se está llevando a cabo en la práctica.

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) no es tan sencillo como parece, sobre todo cuando consideramos las barreras estructurales que continúan presentes. Por un lado, el sistema de salud en Colombia presenta grandes deficiencias que complican la accesibilidad a estos servicios. Además, hay que lidiar con las creencias religiosas de algunos médicos, que pueden obstaculizar este derecho.

A esto se le suma una realidad aún más preocupante: la exacerbación del conflicto armado en muchas regiones del país. Esto ha transformado el acceso a la IVE en una auténtica odisea, especialmente para aquellas personas que viven fuera de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.

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