Han pasado 16 años desde que se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y parece que, en lugar de mejorar, estamos viendo cómo las policías, fiscalías y centros penitenciarios estatales caen en un deterioro institucional alarmante. Un reciente informe titulado “Una aproximación al estado que guardan las policías, fiscalías y penales estatales”, preparado por las organizaciones Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, revela la cruda realidad que enfrentamos.

Este estudio pone en evidencia que la debilidad de estas instituciones es uno de los principales factores que fomentan la inseguridad y la impunidad en México. ¿Sabías que casi la mitad de las policías estatales no tiene un sistema profesional de carrera? Esto significa que la formación de nuestros agentes es deficiente y, además, no realizan evaluaciones sobre sus necesidades de capacitación. ¡Eso es preocupante!

Asael Nuche, coordinador del proyecto, menciona que las instituciones funcionan como “cajas negras”, donde la opacidad se ha convertido en una norma. En total, 26 entidades no tienen lineamientos claros para los procesos de promoción, lo que deja a muchos en la incertidumbre sobre su futuro profesional.

Fiscalías con un Visto Bueno Cuestionable

El caso de las fiscalías no es mejor. La supuesta autonomía de estas instituciones es, según algunos expertos, solo una etiqueta vacía. Catalina Kühne, directora Ejecutiva de Impunidad Cero, destaca que en cinco estados, los fiscales todavía son nombrados por el Ejecutivo estatal. Esto claramente va en contra de la autonomía que deberían tener y alimenta la desconfianza en el sistema de justicia.

Y no solo eso, el sistema de carrera ministerial también se encuentra en un estado lamentable. En algunos lugares, como el Estado de México, la promoción depende del capricho de los mandos. ¡Esto no puede ser! Es esencial contar con criterios claros y transparentes para la promoción del personal que trabaja en la procuración de justicia.

Centros Penitenciarios en Crisis

Por último, el informe denuncia que los centros penitenciarios también enfrentan serias carencias. Con una falta notable de autonomía técnica y presupuestaria, la mayoría dependen de las secretarías de seguridad estatales. Imagine, ¡23 entidades no tienen ni una ley especializada en materia penitenciaria! Y en 13 estados, ningún penal cuenta con certificación internacional.

Para colmo, sólo cinco entidades han entregado un catálogo de puestos, lo que dificulta el desarrollo profesional del personal que trabaja en estos centros. Lizeth Montejano, coordinadora de Investigación Social en Perteneces, subraya la urgencia de trabajar en la regulación y mejora de estas instituciones.

En conclusión, los datos son alarmantes y nos enfrentamos a un verdadero reto de transformación en materia de seguridad pública en México. Es hora de que la sociedad, las autoridades y las organizaciones civiles se unan para exigir cambios reales. La seguridad de todos depende de ello.

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