La discusión sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la legislación secundaria en materia de amparo está en pleno auge. La Cámara de Senadores ha sido escenario de intensas audiencias donde especialistas, académicos y representantes de organizaciones civiles se han pronunciado tanto a favor como en contra de la propuesta. Un punto caliente del debate es el llamado “interés legítimo”, que ha generado consenso sobre la necesidad de ajustes para evitar interpretaciones restrictivas.

Fabiana Estrada Tena, exmagistrada federal, nos iluminó sobre lo que realmente significa el “interés legítimo”. Este concepto permite que personas o grupos sin un derecho subjetivo específico puedan acceder a juicio de amparo si tienen una posición particular frente al acto que están impugnando. Se trata de un acceso a la justicia que busca proteger a aquellos que se ven afectados de manera diferenciada.

Según Estrada Tena, la propuesta de la presidenta, aunque parece compleja, se centra en dos aspectos clave: la existencia de un agravio diferenciado y la obtención de un beneficio concreto al conceder el amparo. Esto sugiere que la modificación no limita el acceso al juicio, pero sí es crucial que se clarifique para evitar posibles malentendidos.

Propuso, por ejemplo, que se modificara el artículo 5 de la Ley de Amparo para garantizar que cualquier norma o acto reclamado ocasionara una “lesión jurídica individual o colectiva real y diferenciada”, asegurando así que el impacto de la resolución sea cierto y no meramente hipotético.

Por otro lado, José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), se manifestó en contra de estos cambios. Para él, las reformas sacrificarían los avances que se han logrado en la materia hasta ahora, poniendo en riesgo la protección que el amparo brinda a los ciudadanos.

A medida que avanza el proceso, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta se ha apresurado a dictaminar la iniciativa en un tiempo récord, lo que ha levantado algunas cejas y planteado interrogantes sobre la prisa en un tema tan delicado.

Este es un momento crucial para el futuro de la legislación en México. Con dos días de audiencias públicas ya realizados y más ponentes por escuchar, todos los ojos están puestos sobre cómo se desarrollará este intenso debate y qué implicaciones tendrá para el acceso a la justicia en nuestro país.

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