Recientemente, el Ejecutivo presentó el paquete fiscal para 2026 al Congreso, y la verdad es que, en general, parece más de lo mismo que hemos visto en años anteriores. El déficit fiscal se sitúa en un alarmante 4.1% del PIB, el más alto en 35 años, exceptuando este año. Además, el gobierno planea asumir una nueva deuda de 1.4 billones de pesos (BP), un aumento del 92% respecto a 2018, lo que contradice la promesa de la 4T de no endeudarse.

Las proyecciones oficiales indican que, desde 2018 hasta 2025, el gasto público habrá crecido 2.4 puntos porcentuales del PIB, mientras que los ingresos fiscales solo aumentarán en 0.7. Aún así, el gobierno parece despreocupado, ya que prevé añadir otro 0.6 al gasto en 2026 y contempla un incremento de 1.3 en los ingresos.

En resumen, la trayectoria de las finanzas públicas está lejos de ser moderada o consolidación, como les gusta llamarlo en el mundo fiscal. El erario incurrirá en más riesgos, lo que no parece una ruta responsable.

La Iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) establece que los recursos del erario en 2026 alcanzarán el 22.5% del PIB, correspondiente a un aumento del 6.3% respecto a 2025. Pero, ojo, eso podría ser una sobreestimación: por un lado, se basa en un crecimiento del PIB bastante optimista, fijado en 2.3%, que podría ser revisado a la baja (como ya sucedió en 2025). Y por otro lado, hay una confianza excesiva en que nuevas medidas fiscales generarán ingresos adicionales de aproximadamente 0.6% del PIB.

Recuerda que la ley de ingresos es solo una estimación, y los recursos aprobados son inciertos. En contraste, el gasto se determina a través del decreto de presupuesto y es complicado reducirlo si se necesita equilibrar las finanzas. Esto ha pasado a menudo, como este año, donde el programa inicial de un déficit del 3.9% del PIB se ajustó a 4.3.

El crecimiento del gasto público para 2026 es considerable, se prevé que sea un 5.9% mayor al de 2025, alcanzando el 26.1% del PIB, lo que incrementa el riesgo fiscal. Además, la asignación de este gasto no parece ser la más adecuada para fomentar el crecimiento a largo plazo y la productividad, lo que debería ser una preocupación para una autoridad responsable. La mayor parte del presupuesto se destina a programas de transferencias de dinero, superando incluso las asignaciones para Salud, Educación y Seguridad pública, que son cruciales para el desarrollo.

Por otro lado, el gasto en protección social abarca la mayoría de los programas sociales sin condiciones estrictas, alcanzando 2.4 BP frente a 2.1 BP para Educación, Salud y Seguridad. Además, si incluimos tres programas de becas de la SEP que operan como transferencias, el total alcanza los 2.5 BP, con un crecimiento proyectado del 5.8% en 2026. En contraste, el conjunto de Educación, Salud y Seguridad pública crecería solo un 3.9%.

A pesar de que se propone un aumento del 10% en la inversión física respecto a 2025, se sigue quedando un 14% por debajo de los niveles de 2024 y 2022. Más del 60% de las inversiones se destinan a trenes de pasajeros, con poco más del 12% reservado para carreteras, que están en condiciones deplorables. ¿No sería más sensato priorizar la reparación de la infraestructura existente antes de lanzarse a nuevas expansiones?

from Lo último https://ift.tt/nmtlqUf
via IFTTT IA