El gobierno, tanto el pasado como el actual, han escrito, con sus decisiones de política pública en general y de política económica en particular, lo que podría ser un recuadro en un libro de texto sobre teorías del crecimiento económico para ejemplificar lo que no hay que hacer.

La destrucción del arreglo institucional, que incluyó la reforma judicial que lo subordinó de facto al Poder Ejecutivo y la desaparición de los órganos autónomos del Estado, aunado a la captura del INE, eliminó los contrapesos al ejercicio autoritario del poder. Esto ha permitido que actúe con mayor discrecionalidad y mucho menor transparencia, lo que ha mermado significativamente la certeza jurídica e inhibido la inversión privada.

A esto hay que agregar decisiones erróneas en política fiscal, la inyección de casi dos billones de pesos a la quebrada Pemex sin siquiera hacer el intento de resolver sus problemas estructurales. Los cambios regulatorios en materia energética han dado mayor poder de mercado a las menos eficientes empresas gubernamentales, a costa de castigar a las más eficientes empresas privadas, lo cual también inhibe la inversión en toda la economía. Además, se están canalizando más de un billón y medio de pesos a la construcción de obras públicas con rentabilidad social negativa que destruirán riqueza nacional y reducirán el potencial de crecimiento económico.

También es importante mencionar el incremento en las transferencias gubernamentales gracias a varios programas, sacrificando presupuestos en sectores educativos y de salud públicos, lo que afecta directamente la formación y acumulación de capital humano. Y, por último, no podemos olvidar la expansión de la delincuencia que ha traído consigo un aumento significativo en homicidios y extorsiones, actuando como un impuesto adicional a los legales.

Los resultados de tales decisiones son evidentes: el PIB en el tercer trimestre de 2024, cuando finalizó el período presidencial de López, fue únicamente 5.7% superior al valor correspondiente al PIB del cuarto trimestre de 2018. Esto se traduce en un crecimiento medio durante los 23 trimestres de solo 0.2% y una disminución del PIB por habitante de casi 6 por ciento.

Avanzando al futuro, el escenario para los próximos años, es decir, el sexenio de la presidente Sheinbaum, no pinta muy bien. Este año se espera que, en el mejor de los casos, el crecimiento sea de solo 0.8%, lo cual podría implicar una caída adicional del PIB por habitante. Existen al menos cuatro elementos que afectarán el crecimiento.

Primero, la propuesta de reformas a la Ley de Amparo que eliminarían las suspensiones provisionales frente a actos de gobierno que vulneren los derechos individuales. Si se aprueba, se ampliarían las facultades para que el gobierno actúe de manera discrecional en detrimento de la propiedad privada, afectando la inversión privada y el crecimiento.

Segundo, la debilidad estructural de las finanzas públicas. Las continuas pérdidas en empresas gubernamentales y el crecimiento de transferencias, especialmente pensiones no contributivas, dificultan reducir significativamente los requerimientos financieros del sector público, poniendo en riesgo el grado de inversión.

Tercero, la drástica baja en la inversión pública en infraestructura. Los intentos de disminuir el déficit fiscal han llevado a una contracción de la inversión, especialmente en áreas que podrían detonar la inversión privada.

Por último, la política comercial de Trump y la inminente renegociación del T-MEC. La amenaza de imponer aranceles generalizados sigue existiendo, lo que genera incertidumbre que inhibe la inversión y el crecimiento.

En resumen, la destrucción institucional en el sexenio pasado y durante el primer año de este, junto con los cuatro elementos mencionados, permiten prever otro sexenio de muy bajo crecimiento económico. Es un panorama preocupante, pero ¿qué podremos hacer como ciudadanos para revertir esta situación?

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