El reciente suceso en el que un grupo de encapuchados secuestró un camión de reparto en una de las vías más importantes de la Ciudad de México no solo es alarmante, sino que evidencia una situación de anarquía en la que las autoridades parecen ser simples espectadores. Lo peor de todo es que la policía no solo estuvo presente durante el delito, sino que incluso se atrevieron a quitar una patrulla del camino, permitiendo que los delincuentes estrellaran e incendiaran el transporte a las puertas del Campo Militar número 1.

Es increíble pensar que las autoridades, tanto locales como federales, se deslinden de sus responsabilidades argumentando que actuar sería represión. En un país donde el crimen organizado tiene tanto poder, y donde este régimen parece abrir las puertas a la impunidad, es preocupante que detener a estos encapuchados que atentan contra instalaciones de seguridad nacional sea visto como un abuso de poder.

Una pequeña luz de cambio, aunque forzada por la presión internacional, se vio al abandonar esa estratégica política de “abrazos y no balazos” que caracterizó al gobierno de López Obrador. Sin embargo, el combate a la corrupción, que debería ser una prioridad, se ha visto limitado por un escudo que solo desgasta la administración actual.

En lo financiero, la situación es igual de crítica. La promesa de corrección fiscal se ha limitado por el irresponsable déficit presupuestal alcanzado durante el 2024, y la estimación de la Secretaría de Hacienda no suena alentadora. La economía, que parece tambalearse, presagia un aumento de la deuda pública y ya son muchos los que advierten sobre un posible incremento hasta el 60% del PIB para 2030.

La advertencia es clara: con estos niveles de endeudamiento, difícilmente se podrá mantener la calificación crediticia del país. Para una nación que disfrutó de estabilidad económica las dos primeras décadas de este siglo, puede resultar difícil para su población comprender los impactos de esta inestabilidad y cómo afecta, en última instancia, nuestro bolsillo.

La degradación de la salud financiera no solo amenaza la infraestructura económica, sino que se traduce en inflación, desempleo y tasas de interés elevadas. Y aunque se intenten descalificar las voces de advertencia o utilizar eufemismos, la realidad siempre termina revelándose y, lamentablemente, nos golpeará fuerte en los bolsillos.

Es tiempo de reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad y como nación. La situación está marcada y es ahora o nunca.

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